Por medio de un comunicado oficial, el Gobierno del Estado de Hidalgo señala que la corrupción, “dejó de esconderse debajo del escritorio para convertirse en un tema público, denunciado y perseguido institucionalmente”.
Pachuca de Soto, Hidalgo.- El posicionamiento se establece luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) diera a conocer la semana pasada los datos recabados en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025.
En el comunicado oficial, se señala que en el Estado de Hidalgo se “registró una prevalencia de corrupción de 21 mil 452 personas por cada 100 mil habitantes, indicador que refleja también una mayor visibilización y denuncia de conductas indebidas que durante años permanecieron normalizadas”.
Pero la encuesta levantada por el Inegi también señala que en Estado de Hidalgo, la tasa de trámites donde la población tuvo contacto con algún(a) servidor(a) público(a) y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 46 mil 219 por cada cien mil habitantes.
A nivel nacional, la tasa de incidencia de corrupción fue de 27 mil 438 por cada cien mil habitantes, de acuerdo al mismo ejercicio estadístico.
Al respecto, Álvaro Bardales, titular de la Secretaría de Contraloría, destacó que existe una diferencia importante entre la “corrupción detectada y combatida” y la “corrupción tolerada o invisibilizada”.
Ya que cuando un gobierno fortalece mecanismos de denuncia, sanciona irregularidades y coloca el tema en el centro de la agenda pública, aumenta la identificación ciudadana de prácticas indebidas.
Como parte de esta estrategia, se han presentado más de 90 denuncias penales, además de concretarse una recuperación histórica de recursos públicos, inhabilitaciones administrativas, fortalecimiento del control interno, auditorías directas a municipios, vigilancia ciudadana en obra pública y modernización tecnológica para la fiscalización en tiempo real.
Asimismo, servidores públicos y expresidentes municipales han sido vinculados a proceso, reafirmando el compromiso institucional de aplicar consecuencias legales reales contra actos de corrupción.
El funcionario subrayó que gran parte de los indicadores de percepción y prevalencia están relacionados con experiencias cotidianas en trámites, servicios municipales, tránsito, ventanillas y actuaciones individuales de servidores públicos, por lo que el reto también implica continuar fortaleciendo la cultura de la legalidad y la ética pública en todos los niveles de gobierno.
“El combate a la corrupción no se limita a castigar prácticas del pasado; también busca reducir la corrupción cotidiana que afecta directamente a las y los ciudadanos en su vida diaria”, reiteró Bardales, de acuerdo al comunicado oficial.
