Autoridades del Gobierno del estado de Hidalgo sostuvieron reunión con trabajadores activos, socios y jubilados de la Cooperativa La Cruz Azul, S. C. L., con objetivo de establecer una solución al conflicto que registran desde hace varios meses.
Tula de Allende, Hidalgo.- Desde hace cuatro años, los cooperativistas de la cementera se dividieron en dos grupos; desde entonces se han registrado enfrentamientos entre ambos grupos por el control de la planta cementera ubicada en Tula, Hidalgo.
Hace dos años, el 17 de agosto de 2022, uno de estos grupos, ubicado en la Ciudad de México, solicitó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el corte de energía a la planta; desde entonces se mantiene parada por falta de suministro eléctrico.
Los cooperativistas ubicados en el estado de Hidalgo han interpuesto amparos para que la CFE les reconecte el servicio, lo que hasta el momento no ha ocurrido.
El paro de la planta ha afectado a habitantes de nueve comunidades donde vive el 25 por ciento de la población de Tula de Allende, y que dependen económicamente de las actividades de la planta cementera.
También se han registrado intentos de toma de la planta cementera, lo que ha dejado saldo incluso de personas fallecidas, así como varios detenidos.
El encuentro para establecer una resolución que permita la reactivación de la planta, fue encabezado por el Secretario General de Gobierno en el estado de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna.
El funcionario señaló que el objetivo es trabajar para llegar a un entendimiento que permita restablecer la actividad de la planta, lo que beneficiaría tanto a los trabajadores como a las comunidades afectadas.
“Los cooperativistas de Jaso Hidalgo han mostrado disponibilidad y nos han pedido actuar como intermediarios en el conflicto y poder acercarnos a un punto de entendimiento, es algo bueno porque contribuye a la tranquilidad y a la paz social”, señaló el funcionario en entrevista posterior a la reunión.
En su participación, uno de los comisionados de la Cooperativa Cruz Azul, Gilberto Maya Segovia, expresó destacó que la relevancia de la defensa de la empresa va más allá de los intereses particulares de los trabajadores, ya que tiene un impacto directo en la estabilidad económica y social de la región.
“Nos hemos visto obligados a asumir costos que no deberían haber recaído sobre nosotros. Hemos soportado riesgos y enfrentado la violación de nuestros derechos al trabajo, a la salud y a la educación. Por eso, solicitamos el apoyo necesario para restaurar la paz social y la estabilidad económica que esta empresa ha brindado a tantas familias”, indicó.
Carlos Valverde Aranda, también comisionado, destacó la grave situación que atraviesa la comunidad tras dos años sin energía eléctrica: “Llevamos dos años sin operar y sin generar economía para la zona. Esto ha provocado que casi una cuarta parte del municipio esté colapsada. Hablamos de 25 mil personas afectadas directamente, de una población total de 120 mil”.
“Sabemos que, a pesar de la distancia, hemos tenido contacto con el gobierno y nuestro gobernador, quienes han sido informados de los problemas económicos que esta situación ha generado”, agregó.
