El nuevo proceso electoral en Michoacán comenzó formalmente, pero uno de los principales desafíos de la contienda no estará solamente en las urnas: estará en garantizar que quienes busquen un cargo puedan hacerlo sin amenazas ni presiones de grupos criminales.
El antecedente de 2024 permanece como una alerta. Con ese escenario de fondo, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya comenzó a hablar con el Gobierno de Michoacán sobre la manera en que deberán actuar las instituciones frente a eventuales situaciones de riesgo durante la elección de 2027.
David Arroyo, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, informó que sostuvo una reunión con el secretario de Gobierno y funcionarios estatales para comenzar a establecer canales de coordinación. Aclaró que todavía no se define cuándo comenzará a operar formalmente una mesa de gobernabilidad, pues el calendario electoral todavía permite margen para preparar esos trabajos.
Sin embrago, adelantó que una de las herramientas que debutará en este proceso será un mecanismo para revisar la integridad de quienes sean postulados. La legislación permite que los partidos entreguen voluntariamente sus listas de candidaturas para que se consulte, mediante las instituciones de seguridad, si existe algún elemento que represente un riesgo.
El procedimiento, no obstante, tendrá límites importantes. La información no será pública y tampoco llegará directamente a los partidos con detalles sobre las investigaciones. En caso de detectarse una situación de riesgo, únicamente se comunicará al partido correspondiente que la persona señalada representa un posible problema de seguridad, para que éste determine si continúa o no con su postulación.
El propio representante del INE reconoció que será necesario poner a prueba este esquema. Al tratarse de una revisión voluntaria, consideró que sus resultados deberán analizarse al término de la elección para saber si las nuevas disposiciones realmente tuvieron algún efecto.
También existe la posibilidad de que una candidatura solicite protección cuando enfrente una amenaza. En esos casos, el INE o el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), dependiendo de si se trata de una elección federal o local, podrán canalizar la petición ante las corporaciones de seguridad.
La protección no podrá activarse todavía: de acuerdo con Arroyo, la legislación contempla que este tipo de solicitudes puedan realizarse una vez iniciadas las campañas, previstas para abril. Mientras tanto, el reto para las autoridades será construir los canales de comunicación necesarios para responder si aparecen señales de riesgo.
