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Presenta IMCO Índice de Competitividad Urbana 2016

por Monica Cerbón

Un estudio reciente realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, por sus siglas, IMCO, mide a los estados de la República Mexicana por su nivel de competitividad urbana, es decir, su capacidad para atraer y retener talento e inversiones. Este Índice evalúa a las 74 ciudades más importantes de México a partir de diversos indicadores, entre ellos innovación, medio ambiente, economía, relaciones internacionales y el acceso a los derechos fundamentales. Dichas ciudades están conformadas por 367 municipios que concentran a 62% de la población, 76% del PIB y 90% de la inversión del país.

Las ciudades están agrupadas en seis niveles de competitividad: Alta, Adecuada, Media alta, Media baja, Baja y Muy baja. En la edición 2016 de esta evaluación, dos ciudades alcanzaron un nivel de competitividad Alta: las zonas metropolitanas del Valle de México, que desde 2008 mantienen esta posición, y San Luis Potosí. En contraste, Tulancingo (Hidalgo), se ubicó en el nivel de competitividad Muy baja, junto con Tijuana, Toluca y Acapulco en la categoría de Baja.

El estudio añade que las ciudades con los mayores avances son Zacatecas y Piedras Negras, que subieron 21 y 20 lugares, respectivamente. Los mayores retrocesos se dieron en Los Cabos y Coatzacoalcos, al caer 28 y 19 lugares, respectivamente.

El IMCO señala que  “el diseño institucional de los municipios mexicanos estaba destinado al fracaso. Al tener periodos de gobierno tan cortos y sin capacidad de reelegirse”, impidiendo ofrecer bienes y servicios públicos de calidad. Sin embargo, a partir de la reforma político electoral del 2014, el 71 % de los gobiernos municipales del país, tienen la oportunidad de reelegirse por un periodo, lo que -estima el IMCO- permitirá “fortalecer las finanzas locales a través del predial y cerrar las brechas en mejora regulatoria que existe entre ese nivel de gobierno y la federación”.

Los retos definidos por el IMCO a vencer, son “la falta de transparencia para que la ciudadanía premie o castigue a los alcaldes de manera informada, y  reducir las barreras a las candidaturas independientes para fortalecer la competencia en la actividad política”.

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