Además, busca que las iglesias usen todos los medios de comunicación, estén presentes en el Ejército; sus escuelas de formación tengan registro de validez oficial; cooperen con los gobiernos en el desarrollo cultural y social de las personas y se pueda objetar la creencia religiosa para no acatar las leyes nacionales y estatales.
Las comisiones del Senado tienen una propuesta de Morena para anular en los hechos la división Estado-Iglesia y se acote el concepto actual del Estado laico, al permitir que las iglesias usen todos los medios de comunicación, estén presentes hasta en el Ejército; sus escuelas de formación tengan registro de validez oficial; cooperen con los gobiernos en el desarrollo cultural y social de las personas y se pueda objetar la creencia religiosa para no acatar las leyes nacionales y estatales.
La morenista Soledad Luévano presentó su propuesta para modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que fue turnada de manera directa a las comisiones unidas de Gobernación.
La iniciativa de ley elimina la disposición legal actual de que “las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes”. Al eliminarse, como propone la senadora Soledad Luévano, las personas podrán objetar su religión para no cumplir con la ley.
Propone que la ley incluya como derechos de las iglesias que puedan “expresar y difundir sus creencias religiosas, personalmente y a través de cualquier medio de comunicación, en términos de la legislación aplicable; recibir instrucción y formación religiosa, según sus creencias personales y convicciones éticas.
Actualmente, la ley dice que “el Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva”. La senadora de Morena quiere que ahora diga: “el Estado mexicano es laico, en consecuencia, garantizará plenamente el derecho humano a la libertad de religión de todas las personas, y ejercerá su autoridad”.
Añade que no se “impedirá” la colaboración entre las iglesias y el Estado “en la promoción conjunta del desarrollo cultural y social de las personas, a través de los mecanismos previstos en las leyes correspondientes”. Las religiones tendrán derecho “a la formación religiosa de sus asociados y ministros de culto, incluyendo el derecho de solicitar el reconocimiento de validez oficial de dichos estudios ante la autoridad competente, en los términos de la legislación aplicable”.
Y propone eliminar el derecho del Estado a determinar cuáles propiedades pueden poseer las iglesias, para establecer que sólo éstas decidirán sobre sus propiedades, sin la intervención del Estado.
Con información de Excelsior.
