El comerciante denunció que desde 2016 ha sido víctima de presuntas extorsiones por parte de elementos de la FGJEM, situación que, afirmó, derivó en la clausura de su establecimiento
Atenea Rojas
Un grupo de manifestantes encabezado por el abogado Irving García mantiene un bloqueo parcial sobre la vialidad Morelos con dirección a la Ciudad de México, a la altura de las Torres Bicentenario, reduciendo la circulación a un solo carril para exigir la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en un caso que, aseguran, involucra actos de extorsión y abuso de autoridad.
La protesta busca que las autoridades retiren los sellos de aseguramiento colocados en un negocio dedicado a la venta de refacciones usadas ubicado en la comunidad de Santa María del Monte, propiedad de José García Carmona.
El comerciante denunció que desde 2016 ha sido víctima de presuntas extorsiones por parte de elementos de la Fiscalía mexiquense, situación que, afirmó, se repitió en distintas ocasiones hasta derivar en la clausura de su establecimiento tras un operativo realizado el 14 de noviembre de 2025.
De acuerdo con García Carmona, durante el cateo las autoridades argumentaron la búsqueda de sustancias ilícitas; sin embargo, aseguró que no se encontró ningún estupefaciente y que posteriormente se justificó el aseguramiento del inmueble por la presunta localización de un motor con reporte de robo.
El afectado sostuvo que ha entregado documentación para acreditar la legal procedencia de la mercancía, la propiedad del inmueble y la licencia de funcionamiento del negocio. Además, afirmó contar con evidencia en video sobre supuestas irregularidades cometidas durante el operativo.
Por su parte, Irving García señaló que han transcurrido ocho meses sin que la situación jurídica del establecimiento se resuelva, pese a que, según dijo, un juez de control ordenó presentar los medios de prueba correspondientes para demostrar la legalidad del negocio y permitir la reapertura del inmueble.
El representante legal también acusó que un exfuncionario de la Fiscalía de Combate a la Corrupción habría solicitado 200 mil pesos para agilizar el retiro de los sellos de clausura, señalamiento que, aseguró, puede ser sustentado con material audiovisual. De la misma manera, los inconformes denunciaron además presuntos actos de hostigamiento contra la familia del comerciante.
Los manifestantes advirtieron que permanecerán en el lugar hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades y lograr la reapertura del establecimiento. Asimismo, solicitaron que se investiguen las presuntas irregularidades cometidas durante el cateo y las denuncias de extorsión que, aseguran, han enfrentado durante varios años.
