Ciudadanos exigen intervención del INAH y destitución de la alcaldesa
Por: Berenice León
Habitantes de El Oro han interpuesto una denuncia formal contra el gobierno municipal, que encabeza Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, por presuntos daños a monumentos históricos del destino turistico.
La queja fue presentada ante el Ministerio Público, junto con una solicitud al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para detener la alteración no autorizada de inmuebles protegidos.
La primera denuncia fue emitida por ciudadanos y miembros del Comité del Pueblo Mágico, quienes alertaron sobre la demolición del antiguo cuartel militar, una construcción con más de 90 años de antigüedad que forma parte del patrimonio arquitectónico del municipio; lo que llevó a la presentación de una queja formal ante el INAH ; y a la orden de suspensión de los trabajos.
El conflicto se intensificó el pasado 10 de marzo, cuando inspectores del INAH colocaron sellos de clausura tanto en el Palacio Municipal como en el Antiguo Cuartel, tras detectar modificaciones realizadas sin la autorización correspondiente. Sin embargo, estos sellos fueron retirados de manera arbitraria, sin que se informara si la acción fue ordenada por el INAH o ejecutada por el Ayuntamiento; mientras que desde esa fecha las autoridades locales tienen prohibido el acceso al público al Palacio Municipal, y otros edificios historicos como el Teatro Juárez , lo que ha sumado a las protestas.
Ante la preocupación por la conservación del patrimonio, urenses han solicitado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) la emisión de un dictamen técnico que evalúe los daños en los inmuebles históricos en riesgo. En el documento entregado a la institución, los denunciantes manifestaron su inquietud por la falta de transparencia en las intervenciones realizadas y exigieron medidas para proteger estos bienes.
Además del dictamen, los ciudadanos han solicitado la destitución de la alcaldesa y la reparación de los daños, en caso de que se confirme que las modificaciones infringieron la normatividad vigente.
El caso ha generado un intenso debate en la comunidad sobre la responsabilidad del Ayuntamiento en la preservación del patrimonio histórico, y el silencio que ha guardado la edil sobre estos señalamientos.
Dañar, alterar o destruir un monumento histórico, artístico o arqueológico en México es un delito que puede castigarse con prisión de 3 a 10 años, además de una multa que puede alcanzar el valor total del daño causado.
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece que estos bienes, protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), forman parte del patrimonio cultural del país.
Se consideran monumentos históricos aquellos bienes muebles e inmuebles construidos desde la llegada de la cultura hispánica a México. Para su restauración o conservación, las autoridades estatales y municipales deben contar con la autorización y supervisión del INAH.
