Entre sus principales exigencias se encuentran el reconocimiento oficial de diversas escuelas, la donación de terrenos para planteles y la reincorporación de dos maestros
Atenea Rojas
Docentes, estudiantes y padres de familia integrantes de la organización Unión de Lucha por el Progreso (ULP) provenientes de los municipios de Chimalhuacán y Los Reyes La Paz se manifestaron este viernes en la Plaza de los Mártires, en Toluca, para exigir la intervención de las autoridades educativas del Estado de México y la atención a una serie de demandas que, aseguran, han permanecido sin solución durante años.
Los inconformes señalaron que entre sus principales exigencias se encuentran el reconocimiento oficial de diversas escuelas, la donación de terrenos para planteles que actualmente operan en espacios rentados y la reincorporación de dos maestros que, afirman, fueron cesados injustamente tras participar en movilizaciones magisteriales hace más de una década.
Durante la protesta, la directora de la Escuela Telesecundaria Independencia de Chimalhuacán, Elisa Cruz Ruiz, explicó que desde hace más de 31 meses han solicitado audiencias con el gobierno estatal para plantear sus demandas, sin que hasta el momento hayan obtenido respuestas definitivas.
Entre los casos que consideran prioritarios destacó la situación de los profesores Gabriel Jiménez Guzmán y María de la Luz Pérez Rodríguez, quienes fueron separados de sus cargos tras una manifestación realizada en 2003 por cientos de docentes que demandaban reconocimiento de escuelas, regularización laboral y mejores condiciones educativas en municipios de la zona oriente de la entidad.
Según los manifestantes, las acusaciones que derivaron en el cese de ambos profesores fueron revisadas por instancias jurídicas y no existe evidencia que sustente los señalamientos en su contra. No obstante, denunciaron que, pese a diversas mesas de trabajo con autoridades estatales, el caso continúa sin resolverse.
Los integrantes de la organización también señalaron que muchas de las necesidades que motivaron aquellas protestas siguen vigentes. Entre ellas mencionaron escuelas sin reconocimiento oficial, planteles con infraestructura deteriorada, falta de bardas perimetrales, filtraciones de agua, escurrimientos y carencia de terrenos propios para algunos centros educativos.
Asimismo, los manifestantes aseguraron que en varias escuelas los docentes absorben gastos relacionados con materiales y mantenimiento, mientras enfrentan una creciente carga administrativa y condiciones complicadas derivadas de problemas sociales y de seguridad que impactan a las comunidades escolares.
Los manifestantes hicieron un llamado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para que atienda personalmente sus demandas y se generen acuerdos concretos que permitan resolver los rezagos educativos y laborales que, afirman, persisten en diversas comunidades de la entidad.
