Comerciantes acusan violencia y arbitrariedad en los desalojos; piden diálogo con la edil Lupita Díaz
Por: Berenice León
Los operativos contra el comercio ambulante en Ixtlahuaca han generado inconformidad entre los vendedores, quienes denuncian abuso de autoridad y violencia por parte de servidores públicos del ayuntamiento.
Aseguran que los desalojos se realizan de manera arbitraria, sin previo aviso y con un uso excesivo de la fuerza.
La presidenta municipal, Lupita Díaz, había anunciado con antelación estas acciones, argumentando que el objetivo es mantener el orden en la vía pública, liberar calles y pasos peatonales donde el comercio semifijo no está permitido, así como reducir la incidencia de robos en zonas de alto flujo. Explicó que, particularmente durante el tianguis de los lunes, la presencia de vendedores informales ha facilitado la actuación de carteristas y otros delincuentes que aprovechan el desorden y la aglomeración de personas. “Queremos garantizar la seguridad de la ciudadanía y evitar que el ambulantaje sea un factor que facilite la delincuencia”, señaló la edil.
Asimismo, el ayuntamiento aseguró que ofrecerá facilidades para que los comerciantes puedan operar bajo la normatividad municipal, con la posibilidad de obtener permisos para ejercer su oficio en lugares autorizados, asegurando así un comercio regulado y seguro tanto para vendedores como para compradores.
No obstante, los comerciantes afectados insisten en que han sido víctimas de abuso de poder , pues llevan años trabajando en el municipio pagando las cuotas correspondientes; además de resaltar la falta de diálogo por parte de la administración municipal.
“Llevamos años trabajando en estas calles, pagando las cuotas correspondientes, y ahora nos tratan como si fuéramos delincuentes”, expresó un comerciante.
Otro vendedor que comercializa verduras en la vía pública, relató que su puesto fue retirado sin previo aviso y que al intentar recuperarlo fue intimidado por personal de gobernación.
“No nos dan opciones reales, solo nos dicen que nos vayamos. Pero necesitamos trabajar para alimentar a nuestras familias”, lamentó.
Los comerciantes ambulantes exigen que se respeten sus derechos y se les permita continuar con su actividad, pues argumentan que su trabajo es su única fuente de ingresos y que los operativos afectan directamente su sustento y el de sus familias.
Los compradores también han expresado opiniones divididas respecto a estos operativos. Algunos consideran que la presencia del comercio informal es esencial para la economía local, ya que ofrece productos a precios accesibles. “Yo prefiero comprar aquí porque es más barato y hay más variedad. Si los quitan, nos obligan a gastar más en tiendas grandes”, comentó Mariana López, una clienta habitual del tianguis.
Sin embargo, otros ciudadanos respaldan la medida del ayuntamiento, argumentando que el desorden y la saturación de ambulantes dificultan la movilidad y propician la delincuencia. “Es imposible caminar con tanta gente y puestos en cada esquina. Además, sí he visto cómo roban carteras entre el tumulto”, señaló Arturo Sánchez, otro comprador.
Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un pronunciamiento respecto a las denuncias de los comerciantes, y el actuar de los servidores públicos durante los operativos.
