En su opinión, no es imprescindible que las víctimas presenten denuncias penales adicionales ni que recurran necesariamente a despachos de abogados para ser atendida
Atenea Rojas
La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que agilice tanto la investigación como la reparación integral del daño para las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, ocurrido el 28 de diciembre de 2025, el cual ha dejado 14 personas fallecidas y 11 personas aún en hospitalización.
En su conferencia de prensa desde Cuernavaca, Morelos, la mandataria señaló que la FGR ya abrió una carpeta de investigación de oficio para determinar las causas del siniestro y deslindar responsabilidades, por lo que, en su opinión, no es imprescindible que las víctimas presenten denuncias penales adicionales ni que recurran necesariamente a despachos de abogados para ser atendidas.
Sheinbaum explicó que si bien las personas afectadas tienen el derecho de acudir a bufetes jurídicos, esto no es obligatorio para garantizar su acceso a la justicia y a los mecanismos de atención, ya que la Fiscalía y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) están trabajando en el caso. Además, advirtió que existen bufetes que podrían acercarse a las víctimas con fines lucrativos más que de apoyo efectivo.
Por su parte, en entrevista para Ultra Noticias, el abogado Adrián Arellano, representante legal de una familia afectada perteneciente al despacho Vega, MacGregor & Arellano, explicó que la querella busca que las víctimas tengan acceso al proceso y puedan coadyuvar en el esclarecimiento de las causas que originaron el accidente, más allá de la investigación que la FGR inició de oficio.
Arellano detalló que la denuncia se sustenta en antecedentes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual ha documentado irregularidades desde 2019 hasta 2025 relacionadas con la construcción, rehabilitación y operación del proyecto ferroviario, así como posibles omisiones por parte de empresas contratistas y servidores públicos, aspectos que deberán ser investigados por la autoridad ministerial.
