El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, cuestionó la estrategia de seguridad en Uruapan ante la preocupación que, aseguró, habitantes del municipio le han manifestado por el incremento de la violencia durante las últimas semanas. El legislador llamó a las autoridades municipales a reforzar las acciones de prevención del delito y atender sus responsabilidades constitucionales, al considerar que la seguridad no puede atribuirse exclusivamente al Gobierno Federal o al estatal.
En este sentido, Ocampo señaló que, si bien existen delitos cuya investigación y atención corresponden a distintas instancias de gobierno, los ayuntamientos tienen obligaciones específicas en materia de prevención y seguridad pública. “Hoy pareciera que en Uruapan no existiera la policía municipal”, afirmó, al cuestionar que las autoridades locales, según su percepción, atribuyan la responsabilidad a la Federación o esperen la intervención de funcionarios federales para atender la situación. Y es que, desde su perspectiva, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno no exime al municipio de actuar dentro de sus atribuciones.
El diputado también criticó que integrantes del movimiento independiente relacionado con el gobierno municipal realicen actividades de proselitismo en otras zonas de Michoacán, y pidió que quienes ocupan cargos administrativos y busquen participar en actividades políticas se separen de sus funciones. A su vez, sostuvo que existe una presunta utilización de recursos públicos del Ayuntamiento de Uruapan para financiar las movilizaciones políticas del Movimiento del Sombrero.
Con respecto a la situación financiera del municipio, Ocampo afirmó que Uruapan enfrenta un elevado nivel de endeudamiento y presuntos actos de corrupción, y atribuyó esas referencias a la Auditoría Superior de la Federación.
Finalmente, Ocampo hizo un llamado al Ayuntamiento de Uruapan para que refuerce las medidas preventivas y asuma las responsabilidades que le corresponden, toda vez que la percepción de inseguridad expresada por los habitantes requiere atención institucional y coordinación entre autoridades.
