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#Opinión | El terrorismo que no quieren nombrar: minas, drones y pueblos fantasma

por Shaira Mulia

Opinión y Análisis por Ramon Cabrera, El Sobrino del Ahuizote

En los campos de Michoacán y del Estado de México, la cosecha agrícola ha sido reemplazada por una siembra mucho más oscura: minas terrestres y explosivos lanzados desde drones. Ante esta guerra, el Estado mexicano, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), ha decidido jugar a cerrar los ojos. Están disfrazando actos de auténtico terrorismo como si fueran simples delitos por portar armas ilegales.

Cuando el Ejército detiene a criminales por sembrar campos minados o bombardear desde el aire a un poblado, la Fiscalía los acusa de “posesión de armas de uso exclusivo” o de “delincuencia organizada”. Tratar el bombardeo de un pueblo como si fuera el decomiso de una pistola en un retén de tránsito no es un error de los abogados del gobierno; es una estrategia para no admitir el fracaso de la política de seguridad y evitar el costo político de aceptar que en México hay terrorismo.

A nivel internacional, esto es indefendible. Tratados que México firmó, como el de Ottawa, obligan a castigar con la mayor severidad posible el uso de minas. ¿Por qué? Porque son “armas ciegas”. Una mina escondida en la tierra o una bomba arrojada desde un dron comercial no distingue entre un soldado, un sicario rival o un niño que va a la escuela. Quien usa un arma ciega sabe que va a lastimar a inocentes, y por eso el mundo exige que se le trate con el castigo máximo, no con acusaciones menores.

Pero el engaño de la Fiscalía es todavía más grave si leemos nuestra propia ley. El gobierno dice que esto es solo “fuego cruzado entre cárteles” para no usar la palabra terrorismo, pensando que ese delito solo aplica para quienes quieren derrocar al presidente. Es falso. El Artículo 139 del Código Penal Federal es muy claro: comete terrorismo quien use explosivos para causar pánico en la población, o para obligar a una persona común a tomar una determinación en contra de su voluntad.

Y no crean que esto solo pasa lejos; lo tenemos en nuestra propia casa, en el Estado de México. El problema es tan real que, en agosto de 2023, el Congreso del Edomex tuvo que cambiar la ley para castigar con décadas de prisión a quienes usen drones para arrojar explosivos. Lo vimos de la forma más trágica en diciembre pasado en Texcaltitlán: grupos criminales con armas de guerra asfixiando a los campesinos, cobrándoles extorsión por cada metro de siembra bajo la amenaza de muerte.

Cuando el crimen organizado le tira explosivos a los jornaleros o cerca pueblos enteros, su verdadera meta no es pelear contra el Ejército. Es aterrorizar a las comunidades para obligarlas a ceder sus tierras y pagar el “derecho de piso”.

Si el gobierno pide pruebas de que la gente vive aterrorizada, la respuesta está a la vista de todos: los pueblos fantasma. Miles de familias huyendo de sus hogares y dejando todo atrás es la prueba más dolorosa de que el terrorismo existe. El terror no es algo que un juez tenga que adivinar; es un fenómeno que se ve en las carreteras llenas de desplazados.

Además, rebajar el delito tiene una consecuencia desastrosa: protege el dinero de los cárteles. Al negarse a clasificar estos ataques como terrorismo, la Fiscalía bloquea en automático el delito de “Financiamiento al Terrorismo”. Esto le amarra las manos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Si admitieran que es terrorismo, se activarían las reglas internacionales más estrictas para congelar de inmediato las cuentas bancarias y empresas fachada que usan los criminales para comprar cientos de drones y materiales explosivos.

Negar el terrorismo para proteger el discurso de un gobierno convierte al Estado en cómplice. Tratar el uso de bombas contra campesinos como un delito menor es una burla a las víctimas y a las leyes internacionales. Simplemente, no se puede combatir el terror cuando las autoridades le tienen miedo a su propia ley

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