El Presidente de Morelia acusa vigilancia sin control judicial y exige detener su avance.
Alfonso Martínez criticó duramente la aprobación de la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, a la que calificó como un mecanismo de espionaje institucionalizado. En sus palabras, se trata de “otra más de Morena” para consolidar el control del Estado sobre la vida privada de los ciudadanos.
¿De qué trata la ley?
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, apodada por sus detractores como la “Ley Espía”, fue aprobada esta semana en la Cámara de Diputados y está siendo revisada en el Senado. La normativa otorga al gobierno federal, en particular a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional, facultades para acceder a múltiples bases de datos públicas y privadas sin necesidad de una orden judicial previa.
Entre los datos que el gobierno podrá consultar se incluyen:
- Información biométrica (como huellas dactilares y reconocimiento facial),
- Geolocalización en tiempo real,
- Registros financieros,
- Historial médico,
- Comunicaciones electrónicas y metadatos.
El argumento oficial es que la ley busca fortalecer el combate al crimen organizado y a las redes de corrupción, mediante un uso más eficiente de la inteligencia. Sin embargo, organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y partidos de oposición temen que la ambigüedad de la ley y la falta de supervisión externa permitan el uso político de la información y la vigilancia masiva de ciudadanos inocentes.
En el Congreso, Alfonso Martínez advirtió que la ley recuerda prácticas del desaparecido Cisen y criticó que se reactive una cultura de espionaje, pero ahora “legalizada” y sin los frenos institucionales que eviten abusos. “No es inteligencia, es vigilancia sin límite. Van a poder saber dónde estás, con quién hablas y qué haces, todo sin una orden judicial”, señaló.
La Ley también ha recibido críticas por parte de colectivos de libertad digital, quienes alertaron sobre la falta de garantías para proteger la información de posibles usos indebidos o filtraciones. Además, la ausencia de un órgano autónomo de transparencia, tras el debilitamiento del INAI, agrava la preocupación por el acceso y protección de datos sensibles.
Por su parte, el gobierno federal ha insistido en que cualquier acceso a comunicaciones o dispositivos deberá hacerse conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y, en teoría, con intervención judicial cuando se trate de intervenciones directas. Sin embargo, los críticos señalan que gran parte del acceso inicial a información no requiere ese paso legal.
