El PAN presentará en el Congreso de Michoacán una reforma similar a la aprobada en Chihuahua para impedir candidaturas vinculadas con la delincuencia organizada y establecer la posibilidad de anular una elección cuando se acredite la intervención de grupos criminales, adelantó el dirigente estatal panista, Carlos Quintana Martínez.
El anuncio ocurre mientras la reforma de Chihuahua es cuestionada por Morena ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los legisladores morenistas sostienen que no basta con señalamientos o presunciones para impedir que una persona participe en una elección y plantean que los vínculos con la delincuencia organizada deben acreditarse mediante un procedimiento y una resolución firme.
Quintana, sin embargo, sostuvo que Acción Nacional ha planteado desde antes la necesidad de endurecer las reglas electorales frente a la posible intervención del crimen organizado y acusó a Morena de resistirse a una legislación de este tipo.
“Acción Nacional no es la primera vez que lo dice, y lo hemos hecho, y nos han bateado, pero es necesario entrarle. Que no le dé miedo a los malosos de Morena. Les da miedo porque se van a quedar sin candidatas y candidatos”, señaló.
El dirigente panista también cuestionó los argumentos de Morena y afirmó que la intención debe ser cerrar espacios a la intervención de grupos delictivos en las elecciones. “La propuesta que hacemos es evitar que la intromisión de la delincuencia organizada, evitar que los malosos de Morena sigan haciendo de las suyas en todo el país”, dijo.
Del lado de Morena, uno de los principales cuestionamientos a la reforma de Chihuahua se concentra precisamente en cómo se acreditaría el supuesto vínculo de una candidatura con la delincuencia organizada. Los legisladores consideran que una medida que restrinja el derecho a participar en una elección debe contar con elementos firmes que sustenten esa determinación y no únicamente con acusaciones.
La controversia también abarca la posibilidad de anular una elección. Morena cuestionó que la reforma contemple la intervención criminal “con incidencia en el proceso electoral” sin precisar qué nivel de afectación tendría que demostrarse para invalidar los resultados. Desde esa posición, la redacción podría permitir la nulidad sin acreditar que dicha intervención fue determinante para modificar la votación.
