Tres solicitudes de juicio político contra la rectora de la Universidad Michoacana, Yarabí Ávila González, ya superaron la primera revisión en el Congreso de Michoacán, luego de que las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales determinaran que había lugar para continuar con su trámite. Sin embargo, dentro de ese análisis surgió una consideración distinta por parte del diputado del PT, Reyes Galindo Pedraza.
El legislador, quien integra las comisiones que revisaron los expedientes, cuestionó que la titular de la Rectoría pueda ser sometida a un juicio político. Por esta razón, aseguró que se abstuvo en la votación del dictamen, que finalmente fue aprobado por mayoría.
En entrevista con medios de comunicación, Galindo Pedraza señaló que, desde su interpretación de la Constitución estatal, la Rectoría de la Universidad Michoacana no aparece entre los cargos sujetos a este procedimiento. A su juicio, esta situación podría representar un punto de revisión si los expedientes continúan avanzando.
“A mí me parece en una interpretación jurídica que la persona titular de la Rectoría no lo es, porque si bien dice el gobernador, los diputados, los magistrados del Tribunal Administrativo, del Electoral, habla incluso de los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos, pero no habla de la Universidad Michoacana”.
Las solicitudes fueron promovidas por Sergio Carmelo Domínguez Mota, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), y una estudiante de posgrado. La determinación de las comisiones únicamente permite que los expedientes sigan su recorrido y no significa que las acusaciones hayan sido acreditadas ni que el juicio político haya comenzado.
En este punto, la postura de Reyes Galindo difiere de la expresada por Baltazar Gaona García, también integrante del PT y presidente de la Mesa Directiva. Gaona ha defendido que el Congreso tiene la obligación de recibir las solicitudes presentadas por ciudadanos o sindicatos y turnarlas a las comisiones encargadas de revisar su procedencia.
El presidente de la Mesa Directiva también ha rechazado que el Congreso haya dado un trato preferencial a los promoventes, entre ellos el director de la Facultad de Derecho, y ha sostenido que el trámite corresponde a las atribuciones del Legislativo.
Galindo explicó que la procedencia de la Rectoría como sujeto de juicio político fue uno de los principales puntos de discusión en las comisiones. Aunque hubo argumentos relacionados con la autonomía universitaria, el diputado señaló que no modificó su posición y mantuvo su abstención.
“Ese fue el gran debate, a mí no me terminaron de convencer, yo tampoco los convencí y entonces el dictamen resultó aprobado por mayoría, con mi voto en abstención con esa consideración”.
Los dictámenes podrían ser discutidos por el pleno del Congreso esta semana. Si son aprobados, pasarían a la Comisión Jurisdiccional y comenzaría formalmente el procedimiento.
