La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo podría emitir una sanción hacia la prefecta que aceptó su responsabilidad en haber ejercido bullying hacia un estudiante de secundaria en un plantel de Pachuca, lo que le habría decidido a quitarse la vida.
Pachuca de Soto, Hidalgo.- Lo anterior fue señalado en entrevista por el titular de la dependencia estatal, Natividad Castrejón Valdez, señalando que el órgano interno de Control inició una investigación de lo ocurrido en la secundaria 9 de Pachuca.
“Seguramente con la determinación que tomó la autoridad competente y la aceptación de la involucrada en que asume y acepta que cometió actos de violencia, será un factor más para que en unos días nos den la determinación final acerca de cuál va a ser la sanción”, señaló el funcionario estatal.
El pasado viernes 27 de junio, se emitió sentencia hacia la prefecta por el delito de violencia familiar, mediante un procedimiento abreviado, dicho resolutivo legal podría ser conmutado por trabajo comunitario.
Castrejón Valdez comentó que ello podría ser un antecedente para que el órgano interno de Control emita una resolución sobre su caso.
El funcionario aseguró que no se permitirá que en la investigación y la resolución respectiva intervenga el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
“No se permite, no se tolera ningún tipo de abuso, ningún tipo de violencia física, psicológica, sexual, cualquiera que sea la persona que la cometa”, enfatizó Castrejón Valdez.
Aseguró que el caso se investiga con imparcialidad, donde se permite que las instancias competentes tomen sus resoluciones.
En una audiencia pública realizada previamente, la prefecta ofreció una disculpa pública a los padres de Yair, así como el compromiso de no repetición de la conducta.
Al respecto, Óscar Solís, padre de Yair, expresó que “cualquier pena no regresará a la vida” a su hijo, pero señaló que la aceptación de culpa por parte de la acusada representa una satisfacción.
Natali Jarillo Alcalá, abogada de los padres, explicó que la sentencia no abarca la suspensión de los derechos civiles que la prefecta tiene como trabajadora en el ámbito educativo.
Por lo cual, el papá de Yair adelantó que insistirán y continuarán, pero ahora por la vía administrativa.
