Derivado de un video difundido por medio de redes sociales, donde se observa al Síndico municipal de Singuilucan, Donato de Jesús Ramírez Olvera, realizando violencia verbal e incluso amenazas de muerte, un grupo de regidoras y regidores solicitaron dar vista de lo ocurrido ante el Ministerio Público, así como la destitución del asambleísta.
Singuilucan, Hidalgo.- Lo anterior por medio de un documento fechado el pasado 2 de junio, dirigido a la Contraloría municipal, con los nombres de las y los asambleístas locales Areli López Alcántara, Ali Deniss Martínez Romero, Alberto Vargas Bistrain y Felipe León Téllez.
En el documento, publicado en las redes sociales de la regidora López Alcántara, se narra que la noche del pasado 30 de mayo de este año, en las inmediaciones del edificio de la alcaldía y en el marco de la feria local, Ramírez Alcántara lanzó las agresiones verbales hacia ciudadanos presentes, incluso amenazas de muerte.
El Síndico municipal “se encontraba en la vía pública en estado alterado, aparentemente bajo el influjo de alcohol o sustancias, actuando con agresividad y en total contravención a la dignidad y responsabilidad que su investidura exige”, señala el documento.
A inicios de la semana pasada, tras la difusión del video citado, el propio Síndico municipal Ramírez Olvera publicó también en redes sociales un propio video donde reconoce lo sucedido y ofrece disculpas a la población por lo sucedido.
Señaló en el mismo video que ya se había reunido con las personas que habría agredido verbalmente y de forma personal también les ofreció disculpas.
Sin embargo, los asambleístas en el documento presentado, solicitan ante la Contraloría municipal que “se apliquen las sanciones máximas que establece la ley, consistentes en la DESTITUCIÓN INMEDIATA DE SU CARGO COMO SÍNDICO, INHABILITACIÓN PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, y las multas correspondientes, dada la gravedad extrema de los hechos y el daño causado a la administración pública y a la sociedad (sic)”.
A su vez, solicita por medio de la Contraloría municipal que se ordene dar vista al Ministerio Público, debido a que las amenazas de muerte pueden ser constitutivos de un delito, independientemente de la responsabilidad administrativa.
