Actualmente son 11 los casos documentados por colectivos, dos activistas asesinados y uno desaparecido
Diana López Silva
Colectivos defensores del derecho al agua y la tierra exigen a los gobiernos de los tres niveles un alto a los proyectos extractivos en las comunidades indígenas de Puebla y que la Fiscalía actúe para resolver los asesinatos de activistas.
Al presentar el Informe “Violaciones a los Derechos Humanos al territorio y el agua en el Estado de Puebla”, integrantes de la Mesa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos, en conjunto con el Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría”, indicaron que son 11 los casos documentados de violaciones al derecho al agua y el territorio en Puebla, relacionados con mega proyectos mineros e hidroeléctricos de empresas tanto nacionales como trasnacionales.
En un comunicado que dieron a conocer en la universidad iberoamericana de Puebla exigieron a las autoridades frenar la criminalización y el hostigamiento a personas defensoras de Derechos Humanos en Puebla, así como esclarecer los asesinatos de activistas.
El informe está dedicado a dos defensores de pueblos indígenas de la Sierra nororiental que fueron asesinados; se trata de Manuel Gaspar Rodríguez y Antonio Esteban Cruz, quienes murieron después de recibir varias amenazas, las cuales fueron denunciadas en su momento a la Secretaría General de Gobierno de Puebla sin que se les brindara protección, mismos casos en los que la Fiscalía no ha podido garantizar la verdad y la justicia en estos homicidios.
“Por lo anterior, denunciamos los actos de omisión de los gobiernos de (Enrique) Peña Nieto, (Rafael) Moreno Valle y (Antonio) Gali Fayad, quienes decidieron privilegiar los intereses económicos del gran capital, sobre los derechos humanos, lo que contrajo graves consecuencias y dolor para muchas familias y comunidades a causa de estos actos y omisiones, los cuales es necesario exigir justicia y reparar integralmente a las víctimas”.
Entre los proyectos que violan el derecho al agua y al territorio, mencionaron el incremento exponencial de tarifas del agua en el municipio de Atlixco, donde los pagos van de los 4 mil pesos a los 13 mil pesos anuales, a pesar de contar con una de las mayores reservas de agua del país y de que un tribunal federal dio la razón a un amparo promovido por usuarios.
Otros casos que ponen en riesgo a las comunidades indígenas ante la contaminación del agua y el suelo son los proyectos mineros canadienses en Cuetzalan, la hidroeléctrica Puebla 1 que beneficia a Walmart y afecta a comunidades totonacas en Ixtacamaxtitlán defraudando a dueños de la tierra productiva pagándoles un peso por metro cuadrado, está también la sub estación de la CFE en Cuetzalan, y el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan.
Adicionalmente los colectivos exigieron un alto a la privatización del agua en Puebla.
