Sierra Norte de Puebla. – Habitantes de Teopancingo y localidades vecinas que se dedican a la extracción de tierra de monte, acudieron a la presidencia municipal de Huauchinango para sostener una reunión con las autoridades correspondientes a fin de buscar alternativas para seguir realizando sus actividades luego de que les fuera prohibida la comercialización de la tierra, trabajo del que dependen más de 80 familias.
A más de 3 semanas inactivos, la falta del producto natural también ha comenzado a afectar a floricultores de Tenango de Las Flores, los principales compradores de la también conocida como basura de monte.
En este sentido, esperan un respuesta positiva para que su principal actividad no se vea interrumpida, ya que esto, afectaría su economía.
De acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Artículo 94. Las materias primas forestales, sus productos y subproductos, respecto de las cuales deberá acreditarse su legal procedencia, Fracción VI, tierra de monte.
Asimismo, de acuerdo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Artículo 163, son infracciones de acuerdo a la Ley, Fracción X. Extraer suelo forestal, en contravención a lo dispuesto en esta Ley, las normas oficiales mexicanas o en las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, o realizar cualquier acción que comprometa la regeneración y capacidad productiva de los terrenos forestales; los responsables pueden hacerse acreedores al equivalente de 100 a 20,000 veces la Unidad de Medida y Actualización.
La medida fue implementada por las autoridades debido a que se trata de una localidad ubicada en la zona natural protegida de la cuenca hidroeléctrica de Necaxa.
Cabe destacar que el aprovechamiento de este recurso data de hace muchos años y representa una de las principales fuentes económicas para los habitantes de ese lugar.
Según testimonio de uno de los afectados, que solicitó el anonimato, desde hace más de dos semana fueron notificados por personal de la Profepa que ya no podrían extraer y comercializar la tierra sin una autorización emitida previamente por la misma dependencia.
