Paola Macuitl
El presidente del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramirez, propuso una reforma a la Constitución Politica poblana para reconocer como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
El también coordinador de la bancada de Morena propuso modificar el artículo 13 para reconocer la composición “pluricultural y multiétnica” sustentada en las comunidades de:
—Náhuas
—Totonacas o Tutunakuj
—Mixtecas o Ñuu Savi
—Tepehuas o Hamaispini
—Otomíes o Hñähñü
—Popolocas o N’guiva
—Mazatecas o Ha shuta enima
“Son aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio que actualmente ocupa la Entidad, y que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”, plantea el diputado.
Al ser sujetos de derecho público, podrán tener personalidad jurídica propia, patrimonio y capacidad de decisión legal colectiva, por lo que con la propuesta se establece que la población indígena deberá ser consultada sobre “las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar”.
Esto, si les causan afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, incluso, deberá participar en la elaboración de los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo.
Esta modificación busca homologar la ley poblana con la reforma al artículo 2 de la Constitución Política Mexicana publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
En ella se reconoce la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural y reconocer la propiedad intelectual colectiva. Además los hará partícipes de los modelos educativos para reconocer la composición de sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje.
Además tendrán autonomía para conservar y mejorar el hábitat, y preservar la biculturalidad y la integridad de sus tierras, incluidos sus lugares sagrados declarados por la autoridad competente.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictaminación.
