Una iniciativa presentada en el Congreso de Hidalgo busca establecer reglas para la operación de las plataformas digitales de hospedaje temporal y los propietarios que ofrecen inmuebles a través de estos servicios.
La propuesta, impulsada por la diputada Yarabi González Martínez, plantea reformas a la Ley de Turismo Sustentable del estado con la creación de la figura de Estancias Turísticas Eventuales, la cual incluiría tanto a los anfitriones como a las empresas tecnológicas que facilitan la renta de viviendas por periodos cortos.
Entre los objetivos de la iniciativa se encuentra generar condiciones de competencia más equilibradas con el sector hotelero tradicional, así como establecer mecanismos de supervisión para este tipo de alojamientos.
La legisladora señaló que el crecimiento de las plataformas de hospedaje ha generado cambios en diversos destinos turísticos del país, relacionados con el acceso a la vivienda, la transformación de zonas habitacionales y el desplazamiento de residentes.
Por ello, la propuesta contempla que la Secretaría de Turismo estatal pueda establecer límites sobre el número de propiedades que una persona podrá registrar en estas plataformas, tomando en cuenta las condiciones de cada región.
Asimismo, los propietarios tendrían la obligación de inscribirse en el Registro Estatal de Turismo, cumplir con sus responsabilidades fiscales y presentar información estadística sobre la operación de sus inmuebles.
Las plataformas digitales también estarían obligadas a registrarse ante las autoridades y verificar que los anfitriones cumplan con los requisitos legales antes de ofrecer sus espacios.
De acuerdo con la exposición de motivos, en Hidalgo existen más de 6 mil 500 habitaciones de hospedaje formal, mientras que se estima que alrededor de 4 mil propiedades son ofertadas mediante aplicaciones digitales, entre casas, departamentos y cabañas.
La iniciativa también contempla medidas de protección para niñas, niños y adolescentes, así como mecanismos de coordinación con las autoridades cuando existan indicios de posibles conductas delictivas relacionadas con la prestación del servicio.
