El Centro de Reinserción Social de Maravatío tuvo la nota más baja, con un 5.47
De acuerdo con datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024, publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la calificación general de Michoacán en este rubro es de 5.98, donde el Centro de Reinserción Social de Uruapan “Lic. Eduardo Ruiz”, salió con una calificación de 6.05. El Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto No. 1 recibió un 6.26, mientras que el Centro de Reinserción Social de Maravatío tuvo la nota más baja, con un 5.47, y el de Zamora obtuvo un 6.14.
Los promedios están ordenados en una escala donde del 0 al 5.9 es deficiente, del 6.0 al 7.9 es regular, y del 8.0 al 10 es eficiente.
Cuestiones como deficiencias en los servicios de salud, mala separación entre hombres y mujeres, sobrepoblación y por consecuencia hacinamiento, así como malas condiciones de higiene, deficiencias en la alimentación, falta de capacitación para el personal, al igual que de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, insuficiencia de instalaciones, deficiencia en atención a personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y personas de la comunidad LGBT, son solamente algunos de los múltiples problemas que presentan los cuatro centros de reinserción con los que cuenta la entidad.
El director de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán, Marco Antonio Tinoco Álvarez, reconoció que hay grandes retos por asumir en ese sentido en lo que le corresponde al estado.
“Tenemos muchas tareas y muchos pendientes de empezar a caminar en centros de reinserción de todo tipo. Nosotros estamos aquí trabajando con el director de los centros penitenciarios; estamos haciendo una reorganización de todo el sistema y de todo el modelo. Hay grandes retos que necesitamos atender”, afirmó.
El ombudsperson señaló también que el trato a los grupos de atención prioritaria, principalmente mujeres y niños, son parte de los grandes pendientes de la CEDH.
“Tenemos un tema de derechos humanos importante que necesitamos fortalecer, desde la alimentación; el trato a personas de grupos de atención prioritaria, sobre todo mujeres y niños que viven en los centros de reinserción y que ahí nacieron. Hay mujeres que dan a luz ahí y ni siquiera las visitan”, comentó.
