Más de 400 trabajadores renunciaron a sus plazas que mantenían al interior de ayuntamientos hidalguenses y prefirieron percibir el salario de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, informó Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría.

Pachuca de Soto, Hidalgo.- En su visita al Congreso del estado, Bardales Ramírez afirmó que ya no existen trabajadores que perciban doble salarios, pues “prácticamente tenemos el 100 por ciento de las renuncias presentadas, nos las han exhibido todos los presidentes municipales”.
No obstante, las investigaciones y análisis continúan sobre los regidores que también cobran un segundo salario por estar integrados en el sector educativo.
El titular de la Secretaría de Contraloría informó que la próxima semana iniciarán en el Congreso de Hidalgo mesas de trabajo para analizar cada caso para determinar qué asambleístas sí cumplen con el requisito para emitir un dictamen de compatibilidad.
“En este momento no se ha emitido ningún documento de compatibilidad, ni para trabajadores ni para asambleístas”, enfatizó Álvaro Bardales.
Explicó que las mesas de trabajo en el Poder Legislativo serán para dar cumplimiento al compromiso realizado durante las comparecencias con motivo del tercer informe del gobierno del estado.
A finales del pasado mes de octubre, el funcionario estatal señaló que habían localizado alrededor de 600 personas cobrando doble sueldo, sobre todo como profesores y servidores públicos, así como asambleístas municipales.
Posteriormente Bardales Ramírez anunció que se habían rechazado prácticamente todas las cartas de compatibilidad presentadas, pues no era posible que la misma persona pudiera cumplir con obligaciones en planteles educativos y prácticamente al mismo tiempo en gobiernos municipales.
En otro tema, Álvaro Bardales dio a conocer que cuatro de las reformas de ley que propuso el gobernador Julio Menchaca Salazar, tienen influencia en la Secretaría de Contraloría.
Entre ellas, Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal porque redefine actividades de la Secretaría de Contraloría. También la nueva Ley de Acceso a Información Pública y protección de datos personales, además de la Ley de Adquisiciones.