La filtración y difusión en medios del video de la ejecución del juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías en Metepec, vulneró los derechos de la víctima y posiblemente se afectó el proceso de la investigación, por lo que se estará a la espera de atender una denuncia en la materia, reveló la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
A dos semanas del delito, el ombusman mexiquense, Baruch Delgado Carvajal confirmó que la CODHEM tiene la facultad de investigar si existieron anomalías a partir de exhibirse a la opinión pública el asesinato de Bermúdez Zacarías, ya que aclaró el material audiovisual es clave para orientar el actuar de los jueces para que concluyan con las indagatorias.
Opinó que pese a la filtración del video en medios, éste aún debe ser considerado como prueba, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Judicatura federal alertaron que podría quedar invalidado al romperse la cadena de custodia y presunción de inocencia, que posiblemente derivaría en que quedaré impune el caso.
“No lo tenemos hasta la fecha (una denuncia por el juez federal), estamos atentos si algún interesado presente una denuncia estimulado alguna violación a un derecho humano a la intimidad o al debido derecho pues podemos nosotros investigar también…desde luego que se puede afectar el derecho a la intimidad de las personas y se puede entorpecer las investigaciones”, explicó.
Por la filtración del video la Judicatura federal presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y una queja al seno de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) para que se proceda contra los responsables de haber vulnerado la secrecía del material de prueba del delito.
Mientras tanto el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC), Eduardo Valiente Hernández garantizó que que el Sistema de videovigilancia estatal, integrado por más de 10 mil cámaras, cuenta con un protocolo de protección para garantizar la secrecía de las imágenes.
Evitó hablar si a partir del caso del juez federal se vaya a redoblar las acciones, pero aceptó que es delicado la filtración de material audiovisual, pues puede constituir un delito por parte de los servidores públicos.
“Si por supuesto nosotros guardamos la secrecía y la confidencialidad de las imágenes que tenemos el caso nosotros y únicamente difundimos aquellas que no altera o no vulneran una carpeta… sino estaríamos en falta, es más, podría constituir un delito del personal del C5 y el propio titular”, explicó.
La otra semana la sociedad civil del Estado de México exigió se ejecuten acciones legales inmediatas para evitar la filtración de videos de crímenes, esto porque alertó los casos podrían quedar impunes al romperse la cadena de custodia y presunción de inocencia.
Incluso, expresó apoyo y colaboración a las autoridades de seguridad y justicia, para revisar o en su caso aplicar una reglamentación en el sistema de videovigilancia mexiquense, ya que consideraron sería una desventaja para el esquema no contar protección sobre el material que se graba.
Gerardo GARCÍA
