El caso de Diego “N”, exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ha generado gran controversia después de su absolución el 4 de diciembre por el juez Francisco Salazar Silva. Diego “N” fue acusado de crear y distribuir contenido sexual manipulado con inteligencia artificial, afectando a varias de sus compañeras. Durante el juicio, que se extendió hasta la noche, el juez determinó que no había pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad directa en la manipulación y comercialización de las imágenes.
A pesar de la absolución, Diego “N” permanecerá detenido en el Reclusorio Oriente debido a otras investigaciones en su contra, incluida una carpeta por pornografía infantil y al menos seis procesos adicionales relacionados con violencia digital. La Fiscalía le incautó dispositivos con más de 166 mil imágenes manipuladas, 20 mil videos distribuidos sin consentimiento y fotografías reales y alteradas de más de mil mujeres, muchas de ellas menores de 25 años.
La decisión judicial ha generado una fuerte reacción entre colectivos feministas y activistas, quienes consideran que la resolución representa un retroceso en la lucha contra la violencia digital. Durante el juicio, grupos de manifestantes se reunieron frente al Reclusorio Oriente para exigir justicia, acusando que la decisión deja a las víctimas en una situación de indefensión. Olimpia Coral, defensora de los derechos digitales, criticó la absolución y reafirmó el compromiso de seguir visibilizando estos casos y exigiendo reformas en el sistema judicial.
Los abogados de las víctimas han anunciado que apelarán la sentencia con la intención de sentar un precedente en la lucha contra los delitos relacionados con el uso de la inteligencia artificial para fines ilícitos. Este caso ha desatado un debate nacional sobre la necesidad de actualizar el marco legal para enfrentar los desafíos éticos y sociales que plantea la tecnología, especialmente en cuestiones de violencia y privacidad.
