Zimapán de Zavala, Hidalgo.- Mario Alfredo Espinoza Bernardini, padre de las dos menores originarias de Zimapán, que fueron violentadas sexualmente, informó que se encuentra en una lucha jurídica para obtener la patria potestad de las dos niñas de 5 y 8 años de edad.
Lo anterior señalando que además de exhibirlas y maltratarlas, las han revictimizado en múltiples ocasiones.
En enero de este año, dijo que le fue reconocida la calidad de victima indirecta dentro de la carpeta de investigación 20-2022-00190 en agravio de sus menores hijas Y.M.E.T. y E.D.E.T.
Pero puntualizó que hasta la fecha la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) le han negado el derecho de convivir con sus hijas.
La investigación, así como el esclarecimiento de los hechos, apuntó, está a cargo de Rosalba Hernández Alejandre, quien pertenece a la Fiscalía de Delitos Sexuales y Contra la Familia, con sede en el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo.
Al tener acceso a la carpeta de investigación, acusó que detectó “un evidente conflicto de interés” entre las personas investigadas y los denunciantes.
“Es esa misma licenciada, la que, sin un fundamento legal, me impide tener contacto con mis hijas, siendo omisa la fiscal en sus actuaciones, pues el resultado de todo lo anterior, solo ha generado una violación al interés superior de la niñez, que ampara y protege a mis menores hijas”.
Las menores actualmente se encuentran en un refugio federal a cargo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, con el fin de salvaguardar la integridad física y dignidad humana de las menores.
Espinoza Bernardini sostuvo que, de manera reiterada, a través de distintas solicitudes hechas él y por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pidieron a la autoridad responsable de la investigación, la convivencia con las niñas.
Agregó que existe una carpeta de investigación con número 20-2022-00203, en contra de Jaqueline Trejo Leal y de su pareja sentimental Saúl Camargo, por los delitos de violencia familiar y corrupción de menores.
No ha existido avance en la investigación por los delitos señalados, asegurando Espinoza Bernardina que se le ha negado “lisa y llanamente” a abrir esa línea de investigación.
“La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, me informó que Saúl Camargo, alias “El Chino”, tiene contacto con mis menores hijas, es decir que, dentro del refugio, él puede verlas. ¿cómo es posible que uno de los probables responsables de agredir a mis hijas, pueda verlas? Me parece algo indignante pues ninguna autoridad se ha percatado de eso, ni mucho menos han podido poner a salvo a mis hijas”.
“La representante social (Rosalba Hernández Alejandre) tiene una inclinación clara hacia la denunciante, mi cuñada Aylen Yelinney Trejo Leal, quien ha difundido ante los medios, información que se encuentra bajo reserva de las autoridades responsables de la investigación, y con ello genera una violación a la protección de sus derechos humanos de las niñas”, agregó.
Insistió que las actuaciones ministeriales sólo han provocado la revictimización de las menores de edad, pues les han practicado físicamente múltiples exámenes para demostrar si hubo o no un delito en su contra.
Por todo ello, pidió la aplicación de justicia en el caso, “y que los verdaderos culpables paguen por todos y cada uno de los delitos que se han cometidos en contra de ellas (las menores de edad)”.
Con información de La Silla Rota Hidalgo
