Pachuca de Soto, Hidalgo.- Diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una reforma al Código Penal de Hidalgo para sancionar hasta con seis años de cárcel y multar con 121 mil 9 pesos a quien organice o incite a actos de linchamiento, que sería agregado a otras sanciones que el o los responsables acumulen por estas conductas.
La propuesta fue presentada por la legisladora local en el Congreso del Estado de Hidalgo, Rocío Jaqueline Sosa Jiménez, durante la sesión ordinaria 82, llevada a cabo el pasado viernes 23 de septiembre, señalando que “los linchamientos, en su gran mayoría, buscan como fin último expresado por sus protagonistas directos, la atención y solución al problema de la inseguridad ciudadana, además que constituyen actos de desprecio y descalificación hacia las autoridades”.
“Bajo ningún supuesto es posible legitimar la violencia ejercida de este modo, ni asumirla como forma de protección personal y colectiva (sic). Además, los linchamientos debilitan las instituciones democráticas, violentan derechos humanos y más que constituir una forma de justicia, contribuyen a debilitar o imposibilitar el acceso a la misma”, agregó durante la presentación de la propuesta.
La reforma al Código Penal del Estado de Hidalgo busca crear el Capítulo III BIS titulado “Lesiones y Homicidio por Linchamientos” y el artículo 152 Bis, en el cual se define el delito de linchamiento como: cuando quienes reunidos tumultuariamente infieran lesiones o priven de la vida a una o más personas.
Sosa Jiménez aclaró que las sanciones propuestas son independientes a las penalidades por los delitos de lesiones y homicidio calificado; cabe señalar que las penas que corresponden a lesiones y homicidio calificado están tipificadas en los artículos 138 y 144 del Código Penal de Hidalgo.
De aprobarse la propuesta presentada, se impondrían de tres a seis años de prisión y de 200 a 700 días multa, equivalentes a 34 mil 574 y 121 mil 9 pesos, respectivamente a quienes organicen o inciten a causar daño a una o más personas, que sean partícipes en el sometimiento de la víctima, obstaculice la intervención de la autoridad, o de cualquier otra forma participe de manera directa en la comisión del delito de linchamiento.
“Estas conductas no pueden ser vistas como acciones legítimas y mucho menos una vía para alcanzar la verdad y la justicia. Es preciso que los casos que se presentan se registren, se investiguen y sancionen”, expresó la legisladora.
Sosa Jiménez dijo que el linchamiento es una percepción equivocada que tienen diversos sectores de la sociedad, pues equiparable a una sanción que las personas imponen a quien las ataca o agrede.
“Estos hechos no se investigan debidamente y tampoco se prevenga su repetición. La seguridad de la sociedad y la aplicación de la ley no puede quedar en manos de los particulares, las autoridades tienen la obligación de asumir tales responsabilidades y garantizarlas”, expresó.
Agregó que los linchamientos “abren la puerta a que los ilícitos se quieran combatir con otros ilícitos y que la violencia se pretenda abatir generando más violencia, al margen de la ley y de las instituciones. Los linchamientos son problema vigente que es necesario atender”.
