Valle de Tulancingo, Hidalgo.- Aún y cuando el año pasado fueron detectadas dos taxis transportando hidrocarburo cuya adquisición legal no se pudo comprobar por parte de los choferes, no se ha registrado la cancelación de la concesión de dichas unidades.
José Luis Guevara Muñoz, titular de la Secretaría estatal de Movilidad y Transporte (Somot), explicó que el retiro de la concesión será hasta que un juez determine la responsabilidad legal tanto de los conductores de las unidades, como de los propietarios de las mismas, en cuando a presunto huachicoleo.
Recordó que en la nueva Ley de Transporte Público para el Estado de Hidalgo, se especifica que el uso de las unidades de servicio público de pasajeros para transportar o comercializar hidrocarburos de dudosa procedencia, es causal de retiro definitivo de la concesión.
Y aunque existen en este momento a revisión dos casos al respecto en los municipios de Tula y Tulancingo, Guevara Muñoz especificó que no atienden a rumores y versiones, por lo que será a partir de la sentencia que se dicte al respecto, cuando se tome la determinación sobre el eventual retiro de las concesiones.
Sobre la responsabilidad legal que puedan tener los dueños de las unidades implicadas en este momento en el ilícito, dijo que también está en la determinación del juzgador de los respectivos casos.
“Nosotros no somos autoridad jurisdiccional, esperaremos la determinación que se tome, para actuar en consecuencia”.
No se tiene estipulado el tiempo que podría ser necesario para dar a conocer la sentencia en los casos que coinciden en el presunto ilícito de robo, trasiego y/o comercialización de hidrocarburo.
El funcionario señaló que sigue en revisión la situación legal de 44 unidades de transporte público, en donde fueron detectadas con irregularidades en la entrega de sus respectivas concesiones, durante el año pasado.
Además, también sigue la revisión sobre casi un centenar de concesiones que se habrían entregado en el transcurso del año 2017.
El procedimiento legal en este momento se encuentra en etapa de revisión de pruebas, para eventualmente aplicar acciones tanto de sanción, como por supuesto, eventual retiro de la concesión a cada una de las concesiones, en caso de comprobarse las irregularidades que se investigan.
Por Daniel Martínez Martínez
