Este lunes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla invitó a su conferencia de prensa de cada lunes a la contralora del estado, Azucena Marín Correa, quien detalló información sobre la orden de aprehensión del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, personaje de la política michoacana que se encuentra prófugo de la justicia.
Marín Correa recordó que durante el sexenio de Silvano (2015-2021), servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), por instrucciones del entonces gobernador, compraron a sobreprecio siete complejos de la Policía Michoacán.
Dichos inmuebles, de baja calidad, fueron arrendados y por ellos se pagaba mantenimiento a altos costos. Las contrataciones se realizaron por adjudicación directa con la inmobiliaria DyF S.A de C.V. de los años 2016 a 2017. En ese periodo, el estado comprometió aproximadamente 5 mil millones de pesos para los cuarteles, de los cuales se erogó una cantidad de 3 mil 468 millones de pesos.
Además, expuso que había proyectos ejecutivos inexistentes, la empresa en ese momento no comprobó la propiedad de los terrenos donde se construyeron los cuarteles y los convenios modificatorios de mantenimiento se realizaron sin evidencia de los servicios.
Para el 28 de septiembre del 2021, dos días antes de concluir la administración de Aureoles Conejo, se hicieron las dispersiones de los pagos a la empresa y se trataron de protocolizar las compraventas en una notaría de la Ciudad de México.
Con la salida de Silvano llegó Bedolla al gobierno
Ya en la actual administración, por órdenes de Alfredo Ramírez Bedolla, a través de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán (SECOEM), se inició la auditoría a los cuarteles en noviembre del 2021, lo que dio como resultado que los complejos ubicados en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro, cuentan con espacios lujosos y blindados, en contraste con la pésima calidad de las instalaciones destinadas al personal operativo.
Por tales hechos, el 16 de febrero del 2022, se presentó denuncia penal por parte de la Secretaría de Contraloría ante la Fiscalía General de la República (FGR). A la par, la Secretaría de Contraloría, inició mesas de trabajo para la investigación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las Fiscalías especializadas.
En el proceso de judicialización, en junio de 2023 se adjuntaron más carpetas, ya que se estaban realizando por separado diversas investigaciones. En ese mismo año se presentó por la Auditoría Superior de la Federación, un reporte por daño de mil 52 millones de pesos, lo que también se acumuló.
En 2024 la Unidad de Inteligencia Financiera envió vista de los resultados de la investigación que ya había realizado a la Fiscalía General de la República. A solicitud de la Fiscalía, de acuerdo a la información de Marín Correa, un total de 31 servidores públicos de la SECOEM y la SSP se han presentado en la Ciudad de México en calidad de testigos.
En febrero de 2024, la FGR aseguró de manera precautoria los siete inmuebles donde se encuentran los cuarteles y en noviembre de 2024, la SECOEM logró la reparación del daño al patrimonio del Gobierno del Estado por parte de la empresa la cantidad de 970 millones 976 mil pesos.
Mientras que, en febrero de 2025, la FGR judicializó la carpeta, por los delitos de Peculado, Administración Fraudulenta, Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Asociación delictuosa. Como resultado de ello, una juez federal dictó órdenes de aprehensión de en contra de ex funcionarios públicos identificados como presuntos implicados, de los cuales, cuatro ya fueron detenidos.
Fotografía: El Universal
