En un esfuerzo por promover la integridad y la rendición de cuentas en el servicio público, la diputada Arlette Muñoz ha presentado una propuesta para reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. La iniciativa busca que los integrantes del Poder Judicial —incluyendo magistrados, jueces, y el personal del Órgano de Administración Judicial— se sometan al mismo riguroso proceso de declaración patrimonial que se exige a otros servidores públicos.
La propuesta contempla que el Tribunal de Disciplina Judicial asuma el rol de autoridad investigadora y sancionadora, en línea con las recientes reformas constitucionales. Con esta medida, se pretende garantizar que la información relativa al patrimonio, ingresos y bienes inmuebles de los funcionarios sea transparente, contribuyendo a la consolidación de un sistema judicial basado en la objetividad, profesionalismo y lealtad.
Esta reforma representa un paso decisivo hacia una mayor transparencia y confianza en las instituciones, reafirmando el compromiso de nuestro Estado con la ética y la legalidad en el ejercicio de la función pública.
