El Consejo de la Judicatura de Hidalgo aprobó un nuevo protocolo de seguridad para salvaguardar la integridad de jueces, magistrados y el personal del Poder Judicial.

Pachuca de Soto, Hidalgo.- Lo anterior fue informado por la magistrada presidenta, Rebeca Aladro Echeverría, al término de la presentación de su tercer informe de actividades.
Entre las medidas de seguridad aprobadas, el registro para el ingreso y permanencia dentro del edificio central será más riguroso.
Además, los visitantes deberán portar un gafete para poder distinguirlos del personal y colaboradores oficiales.
El personal que permanecerá en los inmuebles judiciales después del horario habitual deberá notificarlo para tenerlos ubicados.
Las personas que requieran ingresar a las instalaciones con animales de asistencia, podrán hacerlo, pues ya forma parte de las normas aprobadas.
Aladro Echeverría señaló que habrá la presentación de un informe diario de incidencias, lo que forma parte de las medidas de seguridad ya fortalecidas.
En todas estas se contará con el apoyo de corporaciones de seguridad pública, así como de autoridades municipales.
El protocolo ya fue aprobado por el Consejo de la Judicatura y los magistrados, y será publicado en la página oficial del Poder Judicial, y a partir de ello iniciará su aplicación.
Las medidas se aplicarán luego de que un juez adscrito al Distrito Judicial de Tula de Allende, sufriera una agresión con arma de fuego, a inicios del pasado mes de septiembre, logrando sobrevivir.
Sobre el estado de salud de dicho juez, la Magistrada indicó que continúa en recuperación y que aún no hay una decisión sobre su permanencia en la actividad judicial.
Agregó que hasta el momento no existe aviso alguno por parte de algún otro juzgador respecto a haber recibido amenazas, así como ella tampoco ha recibido amenaza alguna.
Aladro Echeverría descartó la asignación de escoltas individuales a los juzgadores, debido a la falta de recursos y personal.
En lugar de ello, se les proporcionará un manual de actuación ante amenazas y situaciones de riesgo en los juzgados, con el apoyo de la policía procesal, bancaria y privada.