La cifra representa una tercera parte del total de solicitudes formuladas hasta ahora y casi el mismo porcentaje respecto a la meta establecida por el Poder Judicial en una primera etapa de aplicación de la ley
Del pasado 5 de marzo a la fecha, el Poder Judicial del Estado de México ha concedido amnistía a mil 027 personas privadas de la libertad por delitos menores en cárceles estatales, cifra que representa un 36% del total de solicitudes recibidas de marzo a la fecha.
De acuerdo con cifras del portal aministía.pjedomex.gob.mx, hasta este 18 de agosto en la entidad se han formulado 2 mil 832 solicitudes de amnistía, las cuales, de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Poder Judicial, tienen un plazo de hasta 60 días para que se determine su procedencia o improcedencia, por lo que varias de ellas aún pueden estar en revisión.
La cifra de amnistías otorgadas hasta el momento, representa también una tercera parte de la meta proyectada por el Poder Judicial mexiquense para la primera etapa de aplicación de la Ley de Amnistía, que fue del 7.8% de las personas privadas de la libertad en la entidad, es decir 2 mil 400 personas que podrían cumplir con los criterios legales para obtener la libertad por esta vía.
La referida ley que entró en vigor el 5 de enero de este año, establece que se podrá otorgar amnistía a primodelincuentes que hayan cometido delitos de bajo impacto y cumplan con la reparación del daño a las víctimas; en otro caso las solicitudes podrían ser improcedentes, aunque también se contempla la figura de casos excepcionales en los que la Legislatura local puede analizar los expedientes de alto impacto en los que se presuma violación de derechos humanos, al debido proceso o fabricación de delitos.
Es de señalar que la mayoría de las solicitudes registradas hasta el momento, han sido presentadas por defensores de las personas privadas de la libertad con mil 646, en segundo lugar, están los propios imputados que han promovido mil 064 solicitudes, mientras que 88 las han presentado familiares y 32 provienen de organizaciones civiles u organismos públicos, vinculados con la defensa de derechos humanos.
Alberto Dzib