Grisel López Pereznegrón @grispereznegron
CIUDAD de México, 24 de junio de 2016.-El presidente Enrique Peña Nieto ejerció su facultad de veto en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción aprobado por el Congreso de la Unión, por lo que devolverá al Senado el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, es decir, la llamada Ley 3 de 3, que obligaba a los particulares que recibieran recursos públicos a presentar una triple declaración fiscal.
El consejero jurídico del ejecutivo federal, Humberto Castillejos, añadió que estos artículos señalan que todo particular, sea un individuo o una empresa, que reciba o ejerza recursos públicos o contrate con cualquier instancia del Gobierno, debe presentar sus declaraciones patrimoniales, es decir, dar a conocer a la autoridad todo su patrimonio, y la de intereses.
Informó que luego de escuchar diversas voces que alertaron que la legislación era excesiva e inoperante, Peña decidió hacer observaciones y proponer algunos cambios, con el afán de que prevalezcan el apego a la constitución y la protección a los derechos humanos.
Humberto Castillejos anunció que consciente de la urgencia de contar con un sistema anticorrupción, el presidente de la República propone al Congreso de la Unión la apertura de un nuevo periodo extraordinario de sesiones con el único fin de que se desahogue este tema y aclaró que que esto de ninguna manera disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que actúen de forma irregular ante el Estado.
Acompañado por el vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, el consejero jurídico del ejecutivo federal insistió en que las críticas a algunos artículos aprobados por el congreso han señalado un problema real a la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción y que esta medida afectaría de manera excesiva la vida privada y la protección de datos personales de los ciudadanos.
Compartió que el Sistema Nacional Anticorrupción prevé herramientas novedosas y útiles como la manifestación caso por caso y contratación por contratación de no estar el particular y el servidor público frente a un conflicto de interés, así como las penas en que incurrirían por actos de corrupción, que van desde sanciones económicas hasta la disolución de las empresas, y en su caso, penas de prisión.
