La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, acusó que desde distintas instancias se estaría ejerciendo una presión financiera que, a su juicio, busca generar inestabilidad en la máxima casa de estudios de Michoacán, particularmente en un momento clave por el próximo proceso para elegir a la nueva rectora o rector.
Durante una rueda de prensa, acompañada por el tesorero universitario, Enrique Eduardo Román García, Ávila González sostuvo que la institución enfrenta lo que calificó como una “asfixia financiera”, derivada de la activación de adeudos, laudos y requerimientos que, afirmó, algunas corresponden a administraciones anteriores y que ahora deben ser cubiertos con recursos propios de la Universidad.
Uno de los casos que señaló fue el de 69 millones de pesos por ayudas sindicales. De acuerdo con la rectora, la Universidad había sido absuelta de esos pagos en un laudo emitido en noviembre de 2024, por lo que cuestionó que posteriormente se hayan establecido acuerdos para cubrir una deuda que, aseguró, la institución no estaba obligada jurídicamente a pagar. El recurso, explicó, tuvo que salir de ingresos propios que originalmente estaban destinados a infraestructura, mantenimiento y equipamiento.
A esto sumó un pago de 25 millones de pesos a un proveedor, relacionado con un pasivo que, según expuso, se arrastra desde hace más de dos décadas y que corresponde a prestaciones contempladas en el contrato colectivo de trabajo. Ávila cuestionó que la resolución haya obligado a la Universidad a cubrir el monto de manera inmediata, bajo el riesgo de que aumentaran intereses y recargos.
La rectora también habló de un laudo por 40 millones de pesos para 69 trabajadores, cuya demanda, señaló, se remonta a 2010, por lo que criticó que asuntos que permanecieron durante años sin resolverse ahora estén siendo activados con plazos de apenas unos días para que la Universidad responda, bajo advertencias de multas, intereses e incluso consecuencias legales.
El problema, según Ávila González, es que el llamado “presupuesto pleno” no cubre todas las obligaciones laborales de la Universidad. Explicó que 91 por ciento del presupuesto corresponde al capítulo de sueldos y salarios, mientras que el nueve por ciento restante debe cubrir la operación institucional. Prestaciones como parte del aguinaldo y otras obligaciones contractuales deben complementarse con recursos propios, los mismos que ahora están siendo utilizados para atender adeudos de años anteriores.
A la denuncia financiera agregó señalamientos sobre una presunta injerencia en la autonomía universitaria y cuestionó que diversas instancias estén interviniendo en asuntos que, sostuvo, corresponden al Consejo Universitario. Incluso afirmó que la presión financiera podría tener como objetivo debilitar a la institución antes del cambio de rectoría: “lo que quieren armar es una inestabilidad en nuestra universidad”.
Ávila González también cuestionó un requerimiento del Sistema Estatal Anticorrupción relacionado con 8 millones de pesos que, según dijo, supuestamente fueron entregados a la Universidad, pero que no aparecen en los presupuestos de 2023 y 2024. Aseguró que la institución ha tenido que responder nuevamente por esos recursos pese a que, desde su perspectiva, nunca ingresaron a las arcas universitarias.
Por su parte, Román García defendió el manejo financiero de la actual administración y aseguró que la Universidad ha logrado mantener el pago puntual de las quincenas y el aguinaldo mediante medidas de austeridad, control del gasto e ingresos propios. Afirmó que actualmente están garantizadas las quincenas restantes de 2026 y el aguinaldo, además de presumir una mejora en los indicadores de armonización contable.
