Tulancingo de Bravo, Hidalgo.- Por diversas irregularidades administrativas y financieras localizadas, el actual comité directivo en Hidalgo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya ha interpuesto varias denuncias contra quien resulte responsable.
Marco Antonio Mendoza Bustamante, presidente del PRI estatal, dijo que debido a dichas irregularidades encontradas, el instituto político podría pagar multas hasta por 90 millones de pesos ante autoridades electorales.
No detalló el tipo de irregularidades que fueron encontradas durante la revisión, pero puso como ejemplo que se reportó el arreglo del área de estacionamiento de la sede estatal del PRI, en Pachuca.
“Y el estacionamiento está igual, no existe obra alguna que se haya realizado en ese espacio”, señaló Mendoza Bustamante.
El dirigente estatal priísta señaló que aún continúa la revisión sobre el estado administrativo en que fue dejado el partido político tras la renuncia a la militancia de la entonces dirigencia estatal, a mediados de junio de este año.
Además de las presuntas irregularidades, el PRI Hidalgo aún tiene un pasivo laboral por casi 30 millones de pesos, además de demandas laborales que sumarían pagos por laudos a cumplir de entre 4 a 5 millones de pesos.
“Nos encontramos que algunas personas tenían asignados altos sueldos, incluso de 45 mil pesos, lo que es irreal; a partir de ello, presentaron demandas laborales que están en revisión jurídica en este momento”.
Sobre la posible salida de las diputadas locales Rocío Sosa y Citlali Jaramillo, así como del diputado local Juan de Dios Pontigo Loyola, del Grupo Plural Independiente, el también legislador federal, dijo que no tenía conocimiento alguno.
Incluso, sobre el regreso de quienes fueron legisladores por PRI a dicho instituto político, Mendoza Bustamante dijo que “la verdad, ya los hemos olvidado”.
Por Daniel Martínez Martínez
