Pachuca de Soto, Hidalgo.- Diez años después de ser presentada por primera ocasión, finalmente fue retomada la iniciativa con proyecto de decreto por el que, se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo.
En este contexto, el diputado local Roberto Rico Ruiz propuso durante la sesión del Congreso del Estado de Hidalgo de este martes 24 de mayo retomar la iniciativa, que incluye la creación y operación de un Consejo Consultivo para fortalecer los mecanismos que garanticen la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
Dicho Consejo toma relevancia ante la situación que viven en la actualidad las y los defensores de derechos humanos, así como el gremio de comunicadores, el cual ha sufrido mil 945 ataques en lo que va de la actual administración federal, expuso Rico Ruiz.
La creación del consejo es propuesta de comunicadores, y estaría conformado por organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos y privados de carácter nacional e internacional, personas promotoras o defensoras de los derechos humanos, y personas expertas en la materia y periodistas.
Dijo que en Hidalgo no pasa desapercibido el tema, pues la Comisión de Derechos Humanos del Estado ha registrado 17 quejas en agravio de periodistas y cuatro en contra de defensoras de derechos humanos.
A su vez, la Procuraduría General de Justicia estatal ha iniciado 67 carpetas de investigación del 2015 a la fecha.
En ese sentido, planteo que, sumado a la creación del Consejo Consultivo, se incorpore en la definición de “agresión” el daño moral, patrimonial y económico contra los periodistas y su cónyuge, ascendientes, descendientes o personas que tengan o hayan tenido relación y convivencia con la misma.
Además, pidió que se adecuen los catálogos de medidas de protección, con una visión abundante de los principios y criterios que deben preverse; brindar el acompañamiento de observadores de derechos humanos y periodistas, implementar la capacitación y formación permanente de servidores publicos en materia de derechos humanos, perspectiva de género, libertad de expresión y análisis de riesgo; y establece un sistema de alerta digital para apoyo inmediato.
Por Daniel Martínez Martínez
