Pachuca de Soto, Hidalgo.- Solicitó el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) que el concejo municipal interino de Xochiatipan responda al candidato independiente, Prisco Manuel Gutiérrez, sobre la presunta colocación de cámaras de vigilancia cerca de su domicilio, ya que tal situación atenta a su privacidad e intimidad.
El aspirante autónomo requirió al Instituto Estatal Electoral (IEEH) que se pronunciara respecto a estas cámaras situadas en las inmediaciones de su hogar, aspecto que denunció a principios de septiembre; en respuesta, el organismo remitió un escrito en donde aclara que carece de atribuciones para exigir el retiro o justificación de estas acciones.
Inconforme con las contestaciones, el expanista acudió al tribunal y mediante un juicio electoral analizaron el asunto en dos vertientes, uno sobre la instalación de equipos de filmación, a lo cual los magistrados se declararon incompetentes, pues no es un tópico inherente a la materia electoral.
Pese a ello y para proteger el derecho de petición del ciudadano, el pleno requirió al concejo municipal de Xochiatipan a fin de que emita una réplica oportuna al candidato independiente en cuanto a estas filmaciones.
El colegiado jurisdiccional resolvió otros asuntos en sesión pública nocturna, en el cual ordenó al Partido del Trabajo (PT) que registre a tres suspirantes a regidoras en Tlahuelilpan y Tlahuiltepa, ya que dicho partido omitió su inscripción oportunamente dentro del convenio de candidatura común con Morena, Encuentro Social Hidalgo (PESH) y Nueva Alianza Hidalgo (PNAH).
Por tanto, en el proyecto de la magistrada, Mónica Mixtega Trejo, requirieron al PT para que conceda la matriculación de Araceli Lazcano Lazcano en la cuarta posición del listado en Tlahuiltepa; mientras que, a Yareli Ochoa Ávila, propietaria, y Juana Pérez González, suplente, en la tercera regiduría de Tlahuelilpan.
Finalmente, el tribunal dio vista al la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) para que investigue lo conducente por la pinta de bardas atribuidas a diversos partidos políticos, tras procedimientos especiales sancionadores interpuestos por presuntos actos anticipados de campaña, los cuales no derivaron en la existencia de elementos violatorios a la normativa.
Por Daniel Martínez Martínez
