Organizaciones ambientalistas de Aguascalientes entregaron un pliego petitorio a autoridades estatales y municipales para solicitar mayor regulación, transparencia y participación ciudadana en los procesos de autorización para el derribo de árboles.
Sofía González Ponce, presidenta de Salvemos La Pona, explicó que las propuestas surgieron tras la movilización realizada el pasado 1 de agosto en defensa del arbolado urbano y buscan establecer mecanismos para que la ciudadanía pueda conocer y participar en las decisiones relacionadas con la pérdida de cobertura vegetal.
La representante ambiental señaló que la preocupación no se limita a árboles individuales, sino a la reducción de zonas arboladas asociadas con proyectos de construcción, como fraccionamientos, desarrollos residenciales e industriales.
Entre los puntos planteados destaca la creación de un Registro Público Digital de Arbolado Urbano, una plataforma de acceso ciudadano donde puedan consultarse inventarios de árboles, solicitudes y autorizaciones de poda, trasplante y derribo, además de las medidas de compensación ambiental y el seguimiento de los ejemplares plantados.
Los colectivos también propusieron elaborar un inventario de árboles considerados patrimoniales y establecer mecanismos permanentes de consulta pública antes de aprobar derribos.
Asimismo, solicitaron que quienes promuevan obras o proyectos que impliquen retiro de arbolado tengan que demostrar técnicamente que analizaron alternativas para conservar los ejemplares existentes.
González Ponce cuestionó que las compensaciones ambientales se definan únicamente por cantidad de árboles retirados y planteó considerar elementos como edad, biomasa, captura de carbono y servicios ambientales que se pierden con cada derribo.
Otra de las propuestas contempla realizar auditorías a las autorizaciones otorgadas en años recientes, fortalecer el reglamento municipal en materia ambiental e incrementar la transparencia sobre sanciones y compensaciones.
Como medida preventiva, los ambientalistas solicitaron suspender temporalmente autorizaciones y derribos de árboles maduros o de alto valor ambiental cuando no exista un riesgo civil comprobable, mientras se desarrollan mesas públicas de trabajo técnico.
Finalmente, plantearon la creación de un Consejo Ciudadano del Arbolado Urbano, integrado por autoridades, especialistas, universidades, colegios profesionales y organizaciones civiles, con el objetivo de dar seguimiento a la protección del arbolado y a los proyectos que tengan impacto ambiental.
