En medio de la controversia entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el Gobierno de Michoacán por el mecanismo de designación de la próxima persona titular de la Rectoría, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que la institución mantiene al menos tres pliegos de observaciones en calidad de no solventados, de acuerdo con los informes semestrales entregados al Congreso del Estado. Y es que, aunque desde meses atrás se había hecho pública la existencia de observaciones por un monto superior a los 295.2 millones de pesos, los documentos indican que una parte de estas irregularidades continúa sin acreditarse.
La mayor cantidad, equivalente a 253.4 millones de pesos, corresponde a recursos federales que fueron transferidos a 20 cuentas bancarias de la Universidad sin que se comprobara su destino final; a su vez, otros 41.3 millones de pesos corresponden a fondos estatales movilizados hacia 29 cuentas sin documentación suficiente, mientras que 465 mil pesos se relacionan con gastos de combustible que tampoco fueron justificados.
Si bien en febrero pasado la Tesorería de la UMSNH sostuvo que se trataba de una situación de carácter administrativo y que existían condiciones para transparentar el manejo de esos fondos, los informes más recientes muestran que, al momento, al menos tres pliegos permanecen sin solventar. Por ejemplo, de los 15 pliegos de observaciones acumulados por la institución entre 2019 y el año pasado, tres corresponden al periodo sobre el cual el tesorero universitario ofreció explicaciones públicas, por lo que todavía no se habría acreditado ante la autoridad fiscalizadora el destino de los recursos señalados.
Con respecto al procedimiento, mantener observaciones sin solventar no implica, por sí mismo, que exista una responsabilidad administrativa o penal determinada; sin embargo, abre la posibilidad de que continúen las investigaciones y se solicite información adicional para aclarar las operaciones. Debido a que se trata de recursos públicos federales y estatales, las instancias fiscalizadoras podrían determinar, según los resultados de las revisiones, el inicio de procedimientos contra servidores públicos, la devolución de cantidades a la Tesorería de la Federación o, en su caso, la presentación de denuncias penales.
A final de cuentas, la Universidad tendrá que acreditar el destino de los recursos señalados y responder ante las autoridades fiscalizadoras, toda vez que la permanencia de los pliegos sin solventar mantiene abierto el proceso de revisión.
