Por: Jessica González
Productores de maíz del Bajío enfrentan dos años sin utilidades; acusan abandono del gobierno y migran por necesidad.
Mientras el gobierno federal impulsa una reducción del 5% en el precio de la tortilla, agricultores del Bajío, especialmente en municipios como Queréndaro, Michoacán, denuncian que esta medida está dejando en la ruina al campo. Eduardo Romero, productor y agrónomo del Valle Morelia-Queréndaro, señaló que “la presidenta Claudia está del lado de la industria, no del lado del productor”, haciendo referencia a que los beneficios de estas políticas se quedan en manos de los grandes industriales, mientras los agricultores llevan ya dos años sin obtener ganancias.
De acuerdo con Romero, producir una hectárea de maíz cuesta entre 50 mil y 60 mil pesos, mientras que la venta apenas les deja lo mismo, o incluso menos. Aunado a ello, factores climáticos como lluvias excesivas han afectado el rendimiento de las cosechas. “El año pasado, en algunos predios ni siquiera cosechamos”, compartió, visiblemente frustrado. A eso se suma el alza en los precios de fertilizantes y combustibles, lo que ha hecho prácticamente inviable la producción para muchas familias.
La situación ha orillado a cientos de familias campesinas a abandonar sus tierras. En Queréndaro, una comunidad 100% agrícola con más de 600 ejidatarios, ya es común ver a jóvenes migrando a las ciudades en busca de alternativas. “¿Tú aguantarías un año sin sueldo? Así estamos nosotros los agricultores. Ni siquiera cumplimos los requisitos para ser considerados clase baja”, cuestionó Romero.
Los productores demandan que el precio del maíz se eleve a rango constitucional como garantía mínima para poder seguir trabajando. Además, señalan que mientras se prohíbe producir maíz transgénico, sí se permite importar grano barato y de baja calidad. “Somos un país que presume ser cuna del maíz, pero ni siquiera producimos lo que consumimos. Nos están desapareciendo”, concluyó Romero. Próximamente, planean una rueda de prensa con agricultores de distintos estados para exigir soluciones reales.
