La propuesta, que busca disminuir la libido de los agresores mediante inyecciones de químicos, ha generado controversia por sus efectos secundarios y cuestionamientos éticos.
Alejandro Armenta, gobernador electo de Puebla, ha planteado la polémica propuesta de implementar la castración química para los delincuentes sexuales, una medida que ya había intentado promover durante su tiempo como senador. Sin embargo, su iniciativa fue objeto de críticas y rechazo de parte de algunos defensores de derechos humanos, quienes cuestionan tanto la ética como la efectividad de dicha medida.
Durante una reciente conferencia de prensa, Armenta explicó que su propuesta no pretende aplicar una respuesta violenta, sino introducir un tratamiento que disminuya la libido de los acusados mediante una inyección de químicos antiandrogénicos. “Vamos con todo, contra quienes violenten a las mujeres y a los niños, voy a proponer desde Puebla la castración química contra los delincuentes sexuales”, afirmó el gobernador electo.
Armenta señaló que la idea surgió en parte debido a los testimonios de diversas víctimas de violencia sexual que, durante su periodo como senador, le pidieron considerar medidas drásticas para castigar a los agresores y evitar reincidencias. Esta medida, aunque utilizada en otros países, es controversial debido a sus efectos secundarios, que incluyen cambios metabólicos, depresión, infertilidad y anemia.
En un sondeo realizado en Huauchinango, se recabaron opiniones de ciudadanos sobre esta propuesta. Una persona que prefirió no dar su opinión grabada compartió la historia de un familiar que, al trabajar en el norte del país, conoció a un individuo a quien se le aplicó la castración química tras intentar abusar de una doctora en un hospital. Según su relato, este hombre dejó de representar una amenaza gracias a la medida. Otros entrevistados coincidieron en que la castración química podría considerarse una solución viable, siempre y cuando se garantice la culpabilidad comprobada de los acusados, dado que en ocasiones existen denuncias que resultan ser infundadas.
La propuesta de Alejandro Armenta, aunque polémica, resalta el dilema ético y la urgencia de implementar medidas efectivas para prevenir la reincidencia en delitos sexuales, equilibrando justicia y derechos humanos.
