Sosa Alanís informó que tan sólo en el primer semestre del presente año se han registrado en Michoacán 8 mil 207 casos de violencias contra las mujeres, de los cuales, el 18.33% corresponde a violencia económica, el 30.29% a física, el 9.17% a patrimonial y el 42.19% a psicológica, siendo el grupo de edad de 19 a 40 años el más afectado, con el 68.7% del total.
Este lunes arrancó el Primer Congreso Nacional por los Derechos de las Mujeres, Infancias y Adolescencia Contra las Violencias Alimentarias, organizado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer).
Para iniciar este evento, la titular de esta secretaria, Tamara Sosa Alanís expuso que la falta de pago de las pensiones alimenticias representa una violación a los derechos de la niñez, pero también constituye una forma de violencia contra las mujeres; la violencia económica y el reforzamiento de las masculinidades hegemónicas.
En compañía de integrantes del Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios, la secretaria explicó que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2020, hay 410 mil 986 madres autónomas en Michoacán, que representa un 32% de los hogares.
Sosa Alanís informó que tan sólo en el primer semestre del presente año se han registrado en Michoacán 8 mil 207 casos de violencias contra las mujeres, de los cuales, el 18.33% corresponde a violencia económica, el 30.29% a física, el 9.17% a patrimonial y el 42.19% a psicológica, siendo el grupo de edad de 19 a 40 años el más afectado, con el 68.7% del total.
Dijo que la Seimujer ha atendido mil 432 mujeres y ha brindado 3 mil 040 atenciones psicológicas, mil 920 asesorías jurídicas y 169 trámites de pensión alimenticia representados, además de la atención a menores de edad por violencia; 31 niñas, 27 niños, 36 adolescentes mujeres y 14 adolescentes hombres.
Es así que en apoyo a las infancias, se propuso la Ley Sabina, la que incluye 40 reformas legislativas a códigos civiles y penales locales, entre la que destaca la creación de un padrón estatal de deudores alimentarios y el establecer candados para que las mujeres que promueven un juicio por una pensión para sus hijos no puedan ser contra demandadas.
Es así que, Diana Luz Vázquez, integrante del Frente e impulsora de la Ley Sabina, compartió la importancia de generar una cultura de la demanda en materia familiar que disminuya el desequilibrio social que obliga a las mujeres a transitar la maternidad solas, con triple o hasta cuádruple jornada laboral, debido a la nula o reiterada falta de pago de pensión alimentaria.
Por último, Tamara Sosa dijo, espera tener el apoyo del Congreso para su aprobación.
