Pachuca de Soto, Hidalgo.- La resolución del caso de recursos económicos públicos depositados en una institución financiera en proceso de quiebra, podría ser hasta dentro de siete años, incluso, pues es el plazo que se requiere para determinar la quiebra del banco implicado en el caso.
Lo anterior fue reconocido por el titular de la Secretaría de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, agregando que por lo menos por ahora no se podría establecer una acción penal hacia la entonces secretaria de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo, por su responsabilidad en el manejo de los recursos económicos.
Fue en el Banco Accendo, actualmente en proceso de quiebra, donde fueron depositados recursos económicos públicos por 807 millones 128 mil 783 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
En la misma institución fueron depositados otros 57 millones de pesos relacionados a gastos en materia de salud, que por tanto, también son recursos públicos.
Bardales Ramírez explicó que el concurso mercantil, en el que actualmente está la referida institución bancaria ante un procedimiento de eventual quiebra, tardaría entre cinco a siete años.
Dijo que la legislación en materia mercantil señala que las diferentes fases de visita, conciliación y litigación de la masa activa del concurso trasciende en dos años, aunque es posible que incremente la temporalidad.
Aclaró que el dinero no está perdido, está depositado en la institución financiera, por lo que su recuperación dependerá del fallo respecto al proceso de quiebra.
“Va a pasar cinco, seis o siete años hasta que se decrete la quiebra o no del banco, y se determine la cuota concursal que se le tiene que pagar a cada uno de los inversionistas”
Reconoció que normalmente no se alcanza a pagar todo el crédito, pues si la masa concursal que logre el banco equivale al 50 por ciento, eso se le pagará a cada uno de los acreedores.
“Pensamos que va a haber una recuperación de dinero, a lo mejor no del 100 por ciento. No se descarta nada de que sea en estos seis años, yo más qué quisiera”.
Relativo a una posible acción penal hacia Blancas Hidalgo, el funcionario estatal puntualizó que por ahora no existe un delito relacionado a presunto desvío de recursos, pérdida de dinero público o enriquecimiento ilícito; sin embargo, se le podrían fincar sanciones a la funcionaria por su participación en el caso.
Bardales Ramírez dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación solicitó al gobierno de Hidalgo un reembolso de 220 de los 807 millones de pesos, que, ya que se trataba de recurso federal.
Sin embargo, se realizaron las gestiones correspondientes para no reintegrar el recurso y se difirió un año completo la obligación.
Por Daniel Martínez Martínez
