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Detecta gobierno estatal irregularidades en servicios de seguridad privada

por Daniel Martínez

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) dará detalles públicamente sobre las irregularidades detectadas en empresas que se han ostentado como empresas de seguridad privada.

Tulancingo de Bravo, Hidalgo.- Guillermo Olivares Reyna, titular de la Secretaría de Gobierno estatal, señaló que en recorridos encabezados por el titular de la SSPH, Salvador Cruz Neri, han detectado las irregularidades en algunas empresas de seguridad privada, siendo sancionadas por ello.

En los informes semanales del Gabinete de Seguridad estatal, se han dado a conocer cifras sobre dichas sanciones, así como detención de personas por presunta usurpación de funciones en el tema de seguridad.

Algunas de dichas detenciones han sido hacia personas que realizaban labores de vigilancia en fraccionamientos y otros espacios habitacionales sin formar parte de una empresa de seguridad privada, o que formaba parte de alguna a la que le fueron detectadas irregularidades.

En entrevista ofrecida tras visita de trabajo a Tulancingo, Olivares Reyna señaló que el objetivo de la regulación de dichas empresas y sus elementos, es dar certeza a la población de que dichas empresas son serias, garantizando que cuentan con los protocolos de trabajo y actuación en el rubro de seguridad privada.

Recordó que habitantes en diversas regiones del estado de Hidalgo no tenían la certeza sobre la confiabilidad de algunas empresas de seguridad privada y sus colaboradores, y por ello se iniciaron los operativos de inspección.

En Tulancingo se conoce de la detención por usurpación de funciones de por lo menos una persona que se desempeñaba como vigilante en caseta de un fraccionamiento.

El arresto fue precisamente por no acreditar formar parte de una empresa de seguridad privada, ni contar con la capacitación para aplicar protocolos y atenciones en el tema.

De acuerdo a datos oficiales del gobierno estatal, al corte de la segunda semana de febrero de este año, en las revisiones a 87 instituciones de seguridad privada, se detectó que 33 no cuentan con autorización para operar.

Además, se han detenido a varias personas por el delito de usurpación de funciones, al no pertenecer a una empresa de seguridad privada, o por no contar con la documentación y capacitación para llevar a cabo dichas labores.

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