La defensa del joven de 27 años pide que el delito se investigue como tortura
Hay irregularidades en el proceso; hubo omisiones del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE); se está politizando el caso; el gobierno utiliza el caso como una advertencia de “lo que pasa si te manifiestas contra el gobierno”: a raíz de la reforma judicial, la imparcialidad judicial dejó de existir; lo tienen como preso político.
Así califica Carlos, el abogado de Raúl Meza, al caso que mantiene al joven de 27 años recluido en el Centro Penitenciario “David Franco Rodríguez” desde el pasado 2 de noviembre, ahora referido como 2N, tras las manifestaciones que se llevaron a cabo por ciudadanas y ciudadanos, principalmente integrantes de la generación Z, ante el hartazgo por la inseguridad que se vive en Michoacán.
De entrada, el abogado explica que el juez de control que dictó prisión preventiva oficiosa para Raúl, Gerardo Nava Mejía, es uno de los que consideran “jueces del bienestar”, dado que antes de ocupar ese cargo, fue director de asuntos jurídicos de Queréndaro, cuando este municipio estaba gobernado por Morena.
Principalmente, el defensor afirma que, de acuerdo con la Ley general en materia de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, los actos que sufrió el manifestante son claramente actos de tortura, y es que se viralizó un video de las cámaras de seguridad del Palacio de Gobierno en el que se observa cómo un agente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) le tira agua gasificada en los ojos al detenido, por lo que su Dirección de Asuntos Internos ya abrió una carpeta de investigación en contra del agente, hecho que Carlos considera como que “se están lavando las manos”.
“Se quieren venir a limpiar diciendo que su unidad de asuntos internos ya inició una investigación, cuando esto no es una cuestión menor; no es una falta administrativa. Es un delito de tortura y lo tienen que investigar de esa manera las autoridades”, declaró.
La defensa acusa de omisión tanto a la SSP como a la Fiscalía General del Estado, ya que mientras que los mandos de la secretaría estuvieron presentes en el sitio de los hechos, el órgano fiscal tuvo en su poder el video que se liberó hace poco, desde principios del mes pasado; sin embargo, no ejecutaron respuesta alguna ante el hecho.
Es por esto que ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que inicien las investigaciones tanto de los hechos cometidos en contra de Raúl, como de las omisiones de la SSP y la Fiscalía de Michoacán, que reitera, pese a tener conocimiento de todo lo que hoy se expone desde el día uno, evitaron tomar cartas en el asunto.
Cabe mencionar que a Raúl Meza se le acusa de “sabotaje”, lo que lo podría tener en prisión por hasta 20 años o más, ya que se considera que se comete con el ánimo de atentar contra la estabilidad política y social del Estado; en este caso, el argumento del juez es que “se realizaron consignas en contra del gobernador gritando <<Fuera Bedolla>>”. No obstante, la defensa sostiene que no hay ningún video de Raúl participando directamente en dichas acciones.
Otra justificación del juez es que se lanzó una bomba molotov en aquella ocasión; sin embargo, la propia SSP determinó en su informe que Raúl no portaba ningún tipo de arma ni otro artículo que pudiese ser fuente de daño.
