La iniciativa recibida por el Congreso crea Transparencia Mexiquense para atender al Ejecutivo y los municipios, mientras otras instituciones tendrán autoridades propias para resolver controversias de acceso a la información
Alberto Dzib
El modelo de transparencia del Estado de México podría cambiar de una autoridad autónoma para toda la entidad a un esquema en el que diferentes instituciones asumirán las funciones que actualmente corresponden al Infoem, según la iniciativa recibida este 11 de agosto por la Diputación Permanente del Congreso local.
La propuesta de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez contempla que ara el Poder Ejecutivo y los 125 municipios se plantea se constituya “Transparencia Mexiquense”, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría que tendría facultades para resolver recursos de revisión, verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y aplicar medidas de apremio y sanciones.
En cambio, los poderes Legislativo y Judicial y organismos como la Fiscalía General de Justicia, el Instituto Electoral, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Electoral y la Universidad Autónoma del Estado de México contarían con autoridades garantes propias, por lo que las inconformidades ya no serían resueltas por un solo organismo estatal.
La iniciativa también crea un Subsistema de Transparencia y Acceso a la Información para coordinar a las nuevas autoridades garantes, cuyo comité estaría encabezado por la persona titular de la Secretaría de la Contraloría y tendría representación de poderes, organismos públicos y órganos internos de control municipales.
Para la ciudadanía permanecería el derecho a solicitar información sin acreditar interés o justificar su utilización, así como la posibilidad de presentar recursos cuando una institución niegue información, la declare inexistente, entregue datos incompletos o no responda dentro de los plazos legales.
El cambio radica en la instancia que resolverá esas inconformidades, pues dejarían de concentrarse en el Infoem y pasarían a la autoridad garante correspondiente a cada institución, mientras sus resoluciones serían vinculantes, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
Las dependencias conservarían sus Unidades y Comités de Transparencia y continuarían obligadas a publicar información relacionada con remuneraciones, presupuesto, contrataciones, auditorías, obra pública, adquisiciones, programas y padrones de beneficiarios, además de obligaciones particulares para cada tipo de institución.
La reforma también plantea una nueva legislación de protección de datos personales que mantiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, además de establecer obligaciones para la seguridad de bases de datos y la atención de vulneraciones que puedan afectar información personal.
Entre los mecanismos para exigir el cumplimiento se contemplan amonestaciones y multas que, según la conducta, podrían alcanzar mil 500 UMA por faltas relacionadas con transparencia o protección de datos, como ocultar información, declarar falsamente su inexistencia, realizar transferencias indebidas de datos o desacatar resoluciones.
Una vez vigente el nuevo marco legal comenzaría la liquidación del Infoem mediante una Comisión Transitoria, los recursos y expedientes del instituto serían transferidos conforme a las nuevas competencias y los derechos laborales de su personal tendrían que respetarse durante el proceso.
Los poderes Legislativo y Judicial y los organismos constitucionales autónomos contarían con un plazo de hasta 120 días naturales para efectuar las adecuaciones necesarias, mientras el Congreso mexiquense deberá analizar y votar las nuevas leyes antes de que pueda comenzar la sustitución del actual modelo de transparencia.
