El exservidor público promovió un amparo, cuyo alcance deberá ser analizado por un juez para determinar si protege o no los hechos por los que es investigado
Redacción AR
La investigación por la presunta red de venta y asignación irregular de plazas docentes en el Estado de México sumó un nuevo detenido. Jaime Noé “N”, exdirector General de Personal de la Oficialía Mayor, fue capturado en Guanajuato y será puesto a disposición de las autoridades mexiquenses para responder por su presunta participación en el esquema de corrupción que habría operado desde 2021.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el exfuncionario fue asegurado desde el pasado fin de semana en la capital de Guanajuato, aunque la detención se dio a conocer públicamente este jueves. Las autoridades informaron que el exservidor público promovió un amparo, cuyo alcance deberá ser analizado por un juez para determinar si protege o no los hechos por los que es investigado y si puede iniciarse el proceso penal en su contra.
Con esta captura, Jaime Noé “N” se convierte en el tercer exdirector General de Personal detenido dentro de la investigación que involucra a 33 personas, entre exfuncionarios y particulares, presuntamente relacionadas con la operación de una red dedicada a la creación y manejo irregular de plazas docentes.
Investigación por un presunto fraude millonario
Cabe destacar que, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sostiene que la organización realizó 459 movimientos irregulares de alta de personal docente, lo que habría provocado un daño patrimonial estimado en 96 millones de pesos entre enero de 2025 y febrero de 2026. No obstante, las indagatorias buscan establecer si el esquema comenzó desde 2021, por lo que el monto del presunto desfalco podría incrementarse.
Las investigaciones refieren que algunas de las plazas registraban salarios de hasta 200 mil pesos mensuales, aunque quienes aparecían formalmente como beneficiarios recibían únicamente alrededor de 6 mil pesos, mientras que el resto del dinero presuntamente era distribuido entre los operadores de la red.
Asimismo, varios servidores públicos habrían obtenido plazas para beneficio propio, con percepciones cercanas a los 50 mil pesos mensuales, las cuales mantenían mediante licencias presuntamente irregulares para conservar derechos laborales y de jubilación.
