La elección popular de magistrados de manera gradual, así como incluir el examen de oposición en la elección de jueces y magistrados, además de incluir a los fiscales y policías estatales en esta iniciativa, son parte de las propuestas presentadas durante el foro de los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial realizado en Puebla.
Durante este encuentro, cada uno de los ponentes, coincidieron en que es necesaria aplicar esta reforma, por lo menos en los tribunales locales, toda vez que el 80 por ciento de los casos se concentran en tribunales locales.
De ahí la importancia de este foro donde especialistas en la materia de todo el país participaron y mostraron algunas propuestas.
Rafael Guerra Álvarez, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia ( Conatrib), quien fue el primer ponente, aseguró que se ha buscado mejorar la atención de los Poderes Judiciales locales, ya que más del 70 por ciento de los casos se dirimen en estos organismos en los estados.
De ahí que propuso, que la elección de voto popular sea gradual, que primero sean a votación las plazas vacantes, que la elección se reduzca de 6 a 3 personas para estas vacantes, incluso aplicando la paridad de género.
Además de que el 50 por ciento de las persona cuenten con carrera judicial y que sean capacitadas para el cargo, y que también que los magistrados electos no sean removidos antes de su muerte.
Por su parte el la magistrada Rebeca Aladro García presidenta del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, destacó que esta iniciativa plantea un cambio estructural y un paso significativo a la consolidación de un poder judicial íntegro y transparente.
Entre los aspectos que propuso, son el fortalecimiento de la democracia y la justicia, pues los tribunales garantizarán que los jueces que falten enfrente las consecuencias proporcionales protegiendo confianza de los mexicanos en sus instituciones.
Además de la autonomía en la disciplina financiera, pues no solo protege a los jueces de presiones indebidas, sino que refuerza la credibilidad financiera; transparencia y rendición de cuentas, pues los ciudadanos conocerán como se manejan los procesos de los que son objeto.
Lo que se suma a la inclusión de procedimientos éticos y efectivos, la promoción de una cultura de integridad donde se sancionará las faltas cometidas, y finalmente la protección de los denunciantes, con lo que se garantizará la presentación de las denuncias sin riesgo represalias.
Mientras el magistrado José Faustino Arango, doctor en derecho, destacó que no comparte el contenido total y en sus ejes centrales, pues señaló que si bien no están cerrados a las reformas, solo se deben de buscar los beneficios para la sociedad.
En este sentido, sobre los tribunales locales se pronunció por incluir un análisis de las fiscalías estatales y los cuerpos policíacos, pues son los primeros respondientes ante los ciudadanos, y los que más lacera a los mexicanos.
Por lo que señaló que se debe de transitar en una carrera judicial y que los gobernantes en turno designen magistrados, sino que se debe de aplicar un examen de oposición y que se privilegie la carrera judicial.
Otras de las propuestas es el impulsar el abatimiento del rezago de los casos, pues se cuenta con pocos resultados por la falta de juzgadores, pero se debe de fomentar la vocación de servicio, pero deben de existir más juzgados.
Por su parte Humberto Arróniz Meza magistrado del Poder Judicial del Estado de Puebla destacó que la reforma debe de ser accesible pero adecuado.
Agregó que el estado mexicano requiere de un poder judicial moderno, sensible, profesión al y autónomo, alejado de influencias ajenas y sucumbir a presiones exógenas que lo lleven a desviarse de su rumbo de la justicia.
Por lo que se deben de realizar preguntas para lograr un Poder fuerte, autónomo, imparcial y cercano a la gente, como, ¿qué proceso judicial deseamos?, ¿cuál es el papel de los tribunales locales frente a los justiciables?
Destacó que se requiere una reforma a que toda institución es perfectible y que debe de evolucionar.
La siguiente fue la abogada y consultora de México Evalúa, Susana Gabriela Camacho Maciel, destacó que en esta reforma se debe de pensar no solo al Poder Judicial, sino al sistema de justicia en su totalidad, lo cual, no fue tomado en cuenta en esta propuesta que se discutió.
Destacó que la propuesta que se discute está basada en proyectos que impulsó el actual gobierno que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Por lo que dijo que como sociedad civil se propone desarrollar una política separación de la función administrativa de las jurisdiccionales, además de definir los perfiles del personal judicial desde los jueces hasta el administrativo.
Lo que se suma de los concursos de oposición, fortalecer el servicio de carrera en función del desempeño y no de la popularidad y que los magistrados también cuenten con la carrera judicial.
