Durante Primero Lo Primero, el abogado Gilberto Sauza analizó la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa, en casos relacionados con presunto lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
La medida, aprobada por mayoría, amplía las atribuciones de la UIF, lo que, de acuerdo con el especialista, ya se venía anticipando desde reformas anteriores, como la de la Ley de Amparo. Explicó que anteriormente esta facultad estaba limitada a solicitudes provenientes de autoridades extranjeras, pero ahora se extiende sin necesidad de que exista intervención judicial ni requerimientos internacionales.
Sauza detalló que uno de los principales argumentos para esta decisión es la presión internacional, particularmente del Grupo de Acción Financiera Internacional, que impulsa a los países a actuar de manera inmediata ante sospechas de operaciones ilícitas. Sin embargo, advirtió que esto no necesariamente justifica que se otorguen facultades amplias a una autoridad administrativa.
Otro punto clave es la inmediatez con la que actualmente se pueden mover recursos financieros, lo que, según la Corte, hace necesario actuar con rapidez. No obstante, el abogado señaló que existen mecanismos judiciales que también podrían responder con la misma velocidad sin vulnerar derechos.
En ese sentido, alertó sobre los riesgos de que una autoridad no jurisdiccional pueda tomar decisiones que corresponden a un juez, como determinar si existen indicios de un delito. “Se le da a la UIF un papel de fiscal y juez al mismo tiempo”, explicó.
Respecto a los ciudadanos, indicó que sí pueden promover un amparo ante el congelamiento de cuentas, pero sin la posibilidad de obtener una suspensión inmediata, lo que implica que el proceso podría resolverse cuando el daño ya esté hecho.
En el caso de empresarios, subrayó que estas medidas generan afectaciones importantes, ya que el bloqueo de cuentas o la suspensión de sellos digitales puede detener completamente su operación. Incluso, señaló que muchas empresas ya contemplan estructuras alternas para continuar operando, lo que incrementa costos y puede impactar en la economía.
Finalmente, Sauza reconoció que, aunque la medida podría ser bien vista por la ciudadanía si realmente se utiliza para combatir al crimen organizado, también existe preocupación por su posible uso indebido. El caso abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre seguridad, combate a delitos financieros y respeto a los derechos de los ciudadanos.
