La Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas que se busca implementar en el Instituto Nacional Electoral (INE) para detectar posibles vínculos entre aspirantes y grupos delictivos podría enfrentar serios problemas legales y operativos, advirtió el especialista en temas político-electorales Tonatiuh Medina.
Durante una entrevista en Primero lo Primero, el analista consideró que, aunque el objetivo de evitar la postulación de personas vinculadas con el crimen organizado es necesario, el mecanismo planteado presenta deficiencias, particularmente porque se trata de un proceso voluntario y podría vulnerar los derechos de quienes sean excluidos de una candidatura sin contar con garantías de audiencia.
Explicó que el INE no cuenta con facultades para inaplicar normas electorales y cuestionó que se pretenda convertir al organismo electoral en el conducto para recibir información de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fiscalías y organismos de inteligencia.
“El problema es cómo vas a cruzar datos personales protegidos por la ley”, señaló.
Medina advirtió que uno de los principales riesgos es que la información obtenida termine en manos de las dirigencias partidistas, quienes tendrían la facultad de decidir si mantienen o no una candidatura, lo que podría abrir la puerta a decisiones discrecionales.
“Los presidentes de partido ya saben quiénes son los malos. Lo que tienen que hacer es negarles la candidatura y nos dejamos de tanto cuento”, afirmó.
El especialista también cuestionó la falta de garantías para las personas a quienes se les niegue una candidatura debido a posibles investigaciones o señalamientos de inteligencia, pues podrían quedar impedidas para participar en una elección sin haber sido condenadas por algún delito y sin contar con la posibilidad de defenderse ante las instituciones que generaron la información.
“Cuando le niegas la candidatura a alguien, le estás diciendo que es sospechoso de un delito”, sostuvo.
De acuerdo con Medina, el problema adquiere mayor complejidad ante la posibilidad de que la comisión deba revisar un volumen cercano a 800 mil candidaturas rumbo al proceso electoral de 2027, lo que representaría un reto operativo y jurídico para el órgano electoral.
En su opinión, la responsabilidad de detectar y actuar frente a posibles vínculos entre personas aspirantes y grupos criminales debería recaer principalmente en los gobiernos federal y estatales, así como en las fiscalías y las instituciones de seguridad e inteligencia, mediante investigaciones formales y el ejercicio de la acción de la justicia.
“No está en manos del INE. Esto tendría que quedar en manos del Ejecutivo federal y de los ejecutivos estatales”, afirmó.
El especialista consideró que el objetivo de impedir la llegada de grupos criminales a los espacios de representación política es válido y necesario, pero señaló que el mecanismo debe construirse con reglas claras, respeto al debido proceso y garantías para evitar que una sospecha o información de inteligencia se convierta automáticamente en un impedimento para ejercer el derecho a ser votado.
La discusión sobre la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas continúa en el INE, mientras se definen sus alcances, mecanismos de operación y la forma en que las distintas instituciones compartirían información de cara al próximo proceso electoral.
